En Sesión Ordinaria de Congreso Local, presenté una iniciativa para reformar la Ley de Transporte para el Estado Libre y Soberano de Puebla en su artículo 54, con el propósito de obligar a los corralones concesionados por las autoridades estatales, a sujetarse a las tarifas definidas por La ley de Ingresos aprobada por el poder legislativo y así, evitar que éstos, cometan abusos contra las y los ciudadanos que por algún motivo sus vehículos, hayan sido remitidos a estos espacios de resguardo.
Y es que, en días recientes la inconformidad de choferes de plataformas de transporte de personas ha ido en aumento, pues los montos que les exigen para liberar sus vehículos son cuantiosos y desproporcionados. Incluso son injustos para quienes por accidente y no resultando responsables, deben pagar al momento de solicitar retirar sus unidades de los corralones concesionados.
Recientemente y gracias a los medios de información, se conoció el caso de un ciudadano que a pesar de ser el afectado, se le impuso un pago por casi 20 mil pesos para recuperar su vehículo de trabajo, esto por conceptos de arrastre y resguardo, lo cual resultó excesivo e injusto.
Cabe señalar que casos así se llegan a dar debido a que existen dos tipos de corralones, los que pertenecen al Estado y los particulares que cuentan con la concesión de gobierno para el resguardo de vehículos. De igual forma, en el servicio de grúa existen, las del Gobierno del Estado y las que tienen el permiso para hacer traslados de unidades; sin embargo, no tiene establecidas las mismas tarifas lo que es desproporcional. Además, no existe una supervisión, lo que facilita el cobro excesivo dejando al ciudadano indefenso.
En Puebla, según los últimos datos conocidos por la Secretaría de Movilidad y Transporte existen más de 27 mil conductores entre las tres plataformas que operan en Puebla: Uber, Cabify y DiDi, lo que advierte que debe atenderse esta situación y poner alto a los abusos por cobro de arrastre y resguardo.
Estoy convencido que se debe establecer en la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, los montos que los ciudadanos tienen que pagar por los servicios de arrastre, salvamento, resguardo y custodia de vehículos del servicio público de transporte, servicio mercantil y servicio ejecutivo en depósitos concesionados y del Estado, lo cual debe quedar claro en la ley y no como actualmente está de manera ambigua, en el tabulador que publica la Secretaría correspondiente.
Además, en la reforma planteada se incluye que los corralones que incumplan esta disposición deberán ser sancionados con la cancelación inmediata de la concesión, en el caso de los corralones y del permiso, en el caso de las grúas de arrastre.
Con estas medidas se atiende el justo reclamo de las y los ciudadanos que tras lo desgastante que resulta un accidente o una infracción, aún más, quede a merced de los cobros para recuperar su unidad de transporte y de trabajo.
Será momento también de plantear lo correspondiente en la Ley Orgánica Municipal para homologar de igual manera estos cobros, a fin que todos los choferes particulares también cuenten con la claridad en la ley y no sean víctimas de los corralones abusivos.
Por esa razón exhorté a mis compañeras y compañeros diputados a discutir, analizar en comisiones dicha propuesta y que con celeridad sea aprobada para garantizar la recuperación justa de los vehículos. Los ciudadanos esperan respuestas.
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