La remoción de Guadalupe Grajales Porras, como Secretaria General de la BUAP, es parte del proceso de sucesión en la rectoría de la BUAP, de la agitación que se da cada ocho años en la institución con motivo de la renovación de su máximo cargo.
No hay sorpresas de ningún tipo, por donde se le quiera ver.
Eso sí, son decisiones que se toman como parte de la equidad y democracia de cara al proceso para elegir al nuevo rector, al sucesor de Alfonso Esparza Ortiz.
Con ello se garantiza que no haya dados cargados, ni sorpresas de ningún tipo para con los aspirantes.
Sobre todo ahora que la relación BUAP-estado no anda bien.
Y, desde luego, también obedece a un tema de lealtad, respeto e institucionalidad para con la BUAP y la administración saliente, la cual ha dejado correr a los aspirantes que cumplen con la normatividad universitaria.
Es normal que los grupos al interior de la máxima casa de estudios se empiecen a movilizar, empiecen a manifestarse, a ver moros con tranchetes y, en especial, a denunciar cualquier tipo de acción que afecte sus deseos e intereses futuros.
Porque en la BUAP también se hace política, es una institución difícil de controlar por sus mil cabezas, por sus ramas ideológicas, por el grado académico, de excelencia y de investigación por parte de la comunidad.
Malo fuera que la BUAP fuese una universidad muda.
A nadie le gustaría tener una comunidad callada, sometida y sin diversidad filosófica.
Dirigir y controlar la BUAP, desde luego, es una gran tentación y aspiración, particularmente para los grupos políticos y de gobierno, de todos los ámbitos.
La universidad poblana representa una de las fuerzas políticas y universitarias más poderosas del estado, como lo es la UNAM para la CDMX. Por ello, el jaloneo de quienes aspiran a la rectoría y a mantenerse a la cabeza de la institución por los próximos 8 años.
Así sucedió en los periodos de José Doger Corte, de Enrique Doger Guerrero, en el de Enrique Agüera Ibáñez y ahora en el de Alfonso Esparza.
La Benemérita institución tiene sus propias normas, políticas y fantasmas.
Afortunadamente, es un organismo autónomo que se rige solo, que resuelve sus problemas y que cuenta con subsidio estatal y federal, sí, pero que piensa y actúa -siempre- en favor de la comunidad universitaria.
Es de risa el hecho de que la BUAP o Alfonso Esparza haya roto con la federación por haber separado a Guadalupe Grajales de su cargo, eso nadie lo cree, a excepción de los intereses y mecenas de la propia ahora exfuncionaria.
Si así fuera, las cosas serían totalmente distintas, pero hasta hoy no hay dados cargados.
Los aspirantes a la rectoría lo tienen claro, y los que conocen el teje y maneje de la institución, quienes son respetuosos de las normas universitarias, lo que hacen es seguir trabajando para ganar tiempo y espacio con base en su trabajo.
La grilla, la presión, la amenaza, en los procesos internos de la BUAP, no funcionan.
No es a gritos y a sombrerazos como se gana la candidatura y la rectoría.
La Benemérita es una universidad de libre pensamiento, que desde hace 8 años, se alejó de la política y del manoseo que los partidos le habían dado en el pasado.
Ni el mismísimo morenovallismo, ni su brazo operador, representado por Eukid Castañón Herrera, pudieron romper la autonomía y la tranquilidad de la BUAP. El proceso de sucesión transcurrirá en paz y en calma.
Las declaraciones rijosas y/o que acusan dados cargados, insisto, son obvias y hasta naturales porque podrían no favorecer los intereses de quienes aspiran a la rectoría, así que nadie se sorprenda.
Y si no allí están los otros aspirantes, quienes podrían opinar al respecto.
Porque en tanto se publica la convocatoria para la próxima elección, se suman a la lista de interesados más y más académicos.
Hasta el momento quienes están interesados en la rectoría, pero esperan los tiempos para manifestar sus aspiraciones, además de Guadalupe Grajales, son: Francisco Vélez Pliego, ex director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades; José Carlos Bernal Suárez, titular de la dirección de Comunicación; Lilia Cedillo Ramírez, directora del Centro de Detección Biomolecular, y la abogada general, Rosa Isela Ávalos Méndez.
Además de otros académicos como Ricardo Paredes Solorio y José Antonio Robledo y Meza.
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