Uno de los grandes pendientes que heredó Guillermo Aréchiga Santamaría, ex titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), a su sucesor y al gobierno es la mafia de los mototaxis y los taxis colectivos que circulan en el Periférico Ecológico.
Ambos tipos de transporte están prohibidos y la ley no contempla ni su regulación, ni su permiso para circular.
Sin embargo, singuen operando sin problema alguno.
Estos “vehículos de transporte colectivo” transitan por la ciudad y por el interior del estado sin ton ni son, sin dificultad porque pagan su cuota, apoyan las manifestaciones de su gremio y esto les permite operar sin novedad.
No hay ni poder humano, ni legal, que los haya logrado quitar hasta ahora.
Tanto los mototaxis como los autos particulares que trabajan como colectivos están a la vista de todos, cobran cuotas módicas, sí, pero se abordan sin ninguna medida de seguridad, ni sanitaria, ni mucho menos cuentan con seguro de viajero; y en el caso de los mototaxis, son vehículos inestables que, además, no cuentan con cinturones de seguridad, ni bolsas de aire, ni garantía de que llegarás a tu destino sano y salvo.
Los mototaxis y los taxis colectivos son usados simplemente porque resultan un medio de transporte muy barato.
Eso sí, ya vimos que son muy vulnerables en los accidentes.
La muerte de la pequeña Yamileth y su abuela Guadalupe, registrada el pasado 13 de marzo, ocasionada por viajar a bordo de un mototaxi en la colonia Tilostoc, de la junta auxiliar de La Resurrección, es la prueba de la peligrosidad de este tipo de transporte.
Por cierto, la versión oficial de aquel fatal accidente es que la niña y su abuela murieron luego de que el conductor del mototaxi se quedara sin frenos y estrellara su unidad contra la barda de una casa.
Entonces, ¿son baratos pero inseguros y mortales los mototaxis?
¿Se tienen que regular o prohibir en Puebla?
¿Cuántos hay en Puebla?
¿Cuánto generará de ganancia, a sus líderes, este tipo de transporte?
¿Cuánto entregarán de mordida a la autoridad para poder operar y circular sin problema por todo el estado, incluso por carreteras federales?
Recuerdo perfectamente que Guillermo Aréchiga aseguró, a su llegada a la SMT, que los mototaxis eran transportes prohibidos, irregulares y que no se tenía pensado legalizar.
Empero, a pesar de esas declaraciones los mototaxis y los taxis piratas siguieron operando, y siguen cobrando vidas.
¿Cuánto le habrá significado económicamente eso a Aréchiga?
¿Cuánto habrá recibido por la mafia de los mototaxis y los taxis colectivos piratas?
Ahora entiendo por qué el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta lo destituyó.
Y es que esta mafia del transporte siguió operando con la complacencia de las autoridades, cosa que seguramente va a tener que acabar, aunque el mandatario haya dicho que no los va a tocar.
La circulación o no de los mototaxis es un tema más de seguridad de los poblanos que de autoridad.
Ojalá que se regule este tipo de transporte, el cual muchos han señalado que resulta un mal necesario en la ciudad y el resto del estado por lo barato, tanto de su operación como de su servicio.
Insisto, ya cobraron los mototaxis dos vidas inocentes, ¿cuántas más faltan para que sean o no regulados?
Otra mafia que opera, u operaba, sin recato alguno en Puebla es la de los anuncios espectaculares, pantallas y vallas publicitarias.
Sin embargo, esa pandilla ha operado bajo la protección de cada gobierno en turno hasta hoy, que parece que por fin se va a frenar.
Porque tanto los gobiernos priistas como los panistas abonaron a la contaminación visual de Puebla.
Incluso el gobierno de Guillermo Pacheco Pulido, el gobernador interino, quien a pesar de haber estado al margen de la entrega de permisos para la instalación de los anuncios espectaculares su gobierno también los liberó.
El auge de la mafia de los espectaculares se dio en los gobiernos morenovallistas, cuando muchos de sus funcionarios más cercanos se hicieron de un sin fin de estructuras de este tipo.
Y allí está el caso del ex regidor panista Carlos Ibáñez Alcocer, quien junto con su amigo Óscar Jesús Parra Tay, ex dirigente del Partido Verde, fue despedido de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial por pedir moches de entre 150 y 300 mil pesos por cada estudio de impacto ambiental que permitiera la colocación de un anuncio espectacular en la ciudad.
Afortunadamente, en este caso, el gobierno ya tomó cartas en el asunto y anunció que a la fecha lleva retirados alrededor de 18 anuncios que habían sido colocados en lugares prohibidos como áreas verdes.
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