El cálculo político y electoral de los gobernantes siempre está presente en todas sus decisiones, incluidos los momentos sociales más críticos como en la pandemia. La mejor muestra de ello es lo que sucede en Puebla y otros estados en donde pese a la desobediencia para no usar cubre boca, evitar el resguardo y evadir aglomeraciones, las autoridades no aplican sanciones ejemplares a los indisciplinados e irruptores.
A pesar de los riesgos a la salud ante el Covid 19 y con el argumento de respetar las libertades y derechos de las personas, los gobiernos tanto federal, como estatales y municipales han sido permisivos al máximo y particularmente lo han hecho en donde sus tierras de cultivo –simpatizantes- resultan beneficiadas: la muestra más clara es el comercio informal que con o sin decretos prohibitivos, han seguido haciendo su santa voluntad.
Para evitar desencadenar el enojo de los ciudadanos y futuros electores, las autoridades en lugar de aplicar multas y arrestos a los desobedientes, los gobiernos solo han llamado a la “responsabilidad social” que en los hechos se ha traducido en una “irresponsabilidad” ciudadana y hasta gubernamental que ha sido pagada con altos números de contagios, más de 50 mil muertos en el país y más 3 mil víctimas en Puebla.
Los números rojos en contagios y fallecimientos se pudieron aplanar si desde el inicio de la crisis se hubiera promovido el simple hecho de usar cubre boca, pero sucedió todo lo contrario. Autoridades federales dijeron que ese utensilio no servía para nada. Hoy los expertos afirman que el uso de ese elemento hubiera sido de mucha ayuda, pero mientras sigue ese debate, la “tolerancia” de 5 meses sigue disparando contagios y muertes.
Los decretos poblanos que obligan el uso de cubre boca, evitar aglomeraciones y otras tantas recomendaciones han resultado ser llamados a misa. Pese a esa inobservancia ciudadana, los gobiernos en cada uno de sus niveles siguen de complacientes con quienes hacen fiestas, con quienes no usan cubre boca en la calle y no actúan responsablemente y toda esta “tolerancia” es para no perder votos, no ser castigados en las urnas.
Me explico: la reacción de un ciudadano que sea arrestado o multado por no usar el simple cubre boca sería de molestia. El enojo del “elector” desencadenaría que en la primera oportunidad se desquitaría contra el gobernante en turno por haberlo multado y arrestado y ese desquite sería en las urnas, no hay otro modo.
Conscientes de ello y que el horno no está para bollos, los gobiernos saben que tienen pendientes con la sociedad y pensar en sancionar a los desobedientes sería echarle alcohol a la herida, por eso hemos visto y seguiremos viendo esa “tolerancia” a los irresponsables, escucharemos más rollo de que los ciudadanos han sido “responsables” y seguiremos oyendo el discurso de que habrá respeto a las libertades de todos, pero en ¿dónde quedan los derechos de quienes han sido contagiados en el atascado transporte público, en las largas filas del banco o cualquier espacio público en donde no se hicieron valer los decretos que “protegían” a los demás?
No pedimos un gobierno represor pero escalar en las sanciones a los ciudadanos irresponsables, es decir haber impuesto multas, arrestos o trabajos comunitarios a los insubordinados quizá hubiera inhibido las malas conductas, pero el mensaje que se ha enviado con tanta “tolerancia” ha sido el contrario y hoy tenemos un libertinaje social e indolente que pese a conocer las dramáticas cifras de contagiados, de internados y de muertos; muchos siguen en su día de campo.
Vale dejar a parte a las personas que sabedoras de los riesgos a su salud no tienen otra opción que exponerse porque tienen que trabajar o en su casa no habrá pan en la mesa, pero no debería haber indulto para los que andan aplanando calles, echando novio, en pachangas o en echando cascaritas. Si alguien quiere abogar por los irresponsables, a ver qué le responde a las viudas, a los huérfanos, a las familias desamparadas por culpa del Covid19.