Acuerdan crear grupos de trabajo para atender migración en Puebla

Autoridades estatales, organizaciones de la sociedad civil y académicos involucrados en el tema migratorio acordaron realizar mesas de trabajo para diseñar una política pública integral que atienda las necesidades de los migrantes que cada año regresan a Puebla de manera voluntaria o forzada, mediante la repatriación.

Durante el “Foro regional para el establecimiento del programa de apoyo a la reinserción integral de los migrantes y sus familias en Puebla, Oaxaca y Zacatecas”, que se realizó ayer en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHE), la embajadora Alma Patricia Soria Ayuso, coordinadora adjunta de la Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo al Migrante Poblano (CEAIAMP), se comprometió a trabajar de manera conjunta con los diversos sectores involucrados en la problemática migratoria.

La funcionaria señaló que la Coordinación participará en la conformación de equipos de trabajo, integrados por sociedad civil, academia y gobierno, en los cuales sociedad civil va a “marcar la pauta” y las autoridades van a “escuchar y facilitar” los procesos para avanzar en la construcción de una política pública integral que atienda a la población de retorno en Puebla.

Adolfo López Badillo, presidente de la CDHE, se sumó a este acuerdo. Y agregó: “nos comprometemos a abrir estos espacios a las organizaciones y a la academia”, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas migrantes.

Por su parte, el diputado Julián Peña Hidalgo, vocal de la Comisión de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales del Congreso de Puebla, se comprometió a trabajar con organizaciones y academia en la articulación de una ley estatal de protección a las personas migrantes.

Al respecto, Omar de la Torre de la Mora, titular de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, celebró el acuerdo logrado entre los diferentes actores, y la disposición de las autoridades estatales para abrir espacios de diálogo intersectoriales que beneficien al migrante poblano.

El funcionario federal señaló la importancia de que gobierno, sociedad civil y academia “delineen la agenda” de trabajo, y construyan mecanismos de diálogo y seguimiento. Y precisó que para poder “cristalizar” la política pública se requiere que los legisladores busquen presupuesto, la voluntad del gobierno, y que los demás actores “se sienten” a la mesa para dialogar.

El esfuerzo conjunto es fundamental, pues “somos y seguiremos siendo un país de retorno”, ya que se prevé que durante los próximos 6 u 8 años la repatriación de connacionales se agudice en el país.

Elio Villaseñor Gómez, director de la asociación civil Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, indicó que mediante los equipos de trabajo conformados por gobierno, sociedad civil y academia, se posibilitarán “procesos de vigilancia mutua, para que las cosas caminen, y cese la simulación. Necesitamos resultados concretos y visibles”, ante una problemática que no puede esperar más. Y es que los migrantes de retorno experimentan una “crisis humanitaria”, ya que no gozan de derechos en Estados Unidos y tampoco cuando regresan a México, agregó.

En este sentido, Mauricio Bermeo Mendoza, director general adjunto de Capacitación, Profesionalización e Investigación del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), refirió que los derechos de los connacionales deben “cristalizarse” desde que ingresan al país hasta que llegan a sus comunidades de origen. Para ello, destacó la importancia de la corresponsabilidad de los diversos actores en el diseño y aplicación de la política pública.

Durante el Foro, Rodolfo García Zamora, director del Doctorado en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), enunció algunos de los hallazgos de la investigación “El retorno de los migrantes mexicanos de Estados Unidos a Michoacán, Oaxaca, Zacatecas, Puebla, Guerrero y Chiapas”, que coordinó durante los últimos dos años.

Entre los resultados destacó que la migración de retorno impacta en la estructura económica y social, en el ámbito comunitario y familiar, y también en el institucional. Para hacer frente a la problemática, el estudio propone la creación del Programa de Apoyo a la Reinserción Integral de los Migrantes Retornados y sus Familias (PARIFYM).

Arturo Villaseñor García, coordinador de Iniciativa Ciudadana Región Puebla, señaló la necesidad de generar acciones locales encaminadas a lograr la reinserción laboral y social de los migrantes retornados y de sus familias a través del emprendimiento y el desarrollo sustentable e incluyente.

La Migración de Retorno en Puebla

Los resultados cuantitativos de la investigación, coordinada por la UAZ, arrojaron que 58 por ciento de la población de retorno entrevistada en Puebla regresó de Estados Unidos por su familia. Sin embargo, el análisis de la información arrojó que hay una sobreestimación que encubre la deportación, que se oculta por temor al estigma en la comunidad.

Tan sólo durante los últimos tres años se registraron 53 mil 151 deportaciones de poblanos de Estados Unidos.

El 61 por ciento de los migrantes de retorno en la entidad salió rumbo a Estados Unidos porque estaba sin empleo, y durante su estancia en ese país, alrededor de una tercera parte se ocupó en el sector terciario de servicios.

En Puebla algunos migrantes retornados abrieron pequeños negocios, pero duraron poco tiempo debido a la debilidad técnica del proyecto y la precariedad económica regional.

El estudio también registró la problemática de familias desintegradas debido a la deportación de uno o ambos padres, cuyos hijos se quedaron en Estados Unidos.

El “Foro regional para el establecimiento del programa de apoyo a la reinserción integral de los migrantes y sus familias en Puebla, Oaxaca y Zacatecas” también contó con la presencia del académico e investigador Miguel Ángel Corona Jiménez, de la Universidad Iberoamericana Puebla, Raúl Lima Hernández, titular de la Dirección de Apoyo y Protección a Migrantes de la CEAIAMP, del líder migrante Angelo Cabrera, de la organización estadounidense Masa, y de Jesús Pérez, de la Universidad de la Ciudad de Nueva York.