Los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Puebla, que preside el Diputado Juan Carlos Espina Von Roehrich, aprobaron con 5 votos el Dictamen enviado por la Cámara de Diputados Federal, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución General de la República, entre las que destaca: candidaturas independientes, consultas populares, iniciativas ciudadanas, así como el establecer un plazo de 30 días naturales para que cada iniciativa sea analizada y votada por la Cámara de origen y se faculte a las Legislaturas de los Estados a regular el término para que los ciudadanos puedan presentar iniciativas de Ley ante los Congreso respectivos.
Por otro lado, con 5 votos los legisladores aprobaron el Dictamen enviado por la Cámara de Senadores, por el que se adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 constitucional, la cual tiene el objetivo generar un mecanismo de excepción, mediante el cual se faculta a las autoridades federales conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan que ver con delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.
En otro orden de ideas, por unanimidad el Órgano Colegiado dictamino el decreto enviado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el cual se reforman los artículos 46 y 105 fracción I; y se deroga la fracción XI del artículo 76 constitucional, la cual propone que el Senado de la República formalice mediante decreto el convenio que firmen las Entidades Federativas sobre conflictos limítrofes, lo que significa que en caso de controversia y desacuerdo, no intervendrá el Senado y sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien resuelva de manera definitiva las controversias sobre conflictos de límites entre Entidades Federativas.
Finalmente, por mayoría los integrantes de la Comisión acordaron adicionar un último párrafo al artículo 126 de la Constitución del Estado, con el propósito de establecer de forma expresa que cuando un servidor público de los que gozan de inmunidad procesal, se encuentre separado de su encargo, no se requerirá de declaración de procedencia por parte del Poder Legislativo Local, para ser sujeto de un proceso penal.
