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Demanda colectiva por agua sufre revés judicial; activistas acusan omisión de Conagua
El abogado René Sánchez Galindo insistió que se debe de indemnizar a la ciudadanía poblana por todo el dinero que ésta ha pagado en los últimos siete años para el tratamiento del agua
La demanda colectiva presentada en contra de la empresa Concesiones Integrales, mejor conocida como Agua de Puebla, con motivo de la presunta falta de saneamiento de los ríos Atoyac y Alseseca, sufriría un retraso tras la determinación de un tribunal federal de cambiar la materia de análisis.
Así lo dio a conocer el abogado y ex secretario de Gobernación Municipal, René Sánchez Galindo, quien remarcó que el objetivo de dicha demanda no es anular el contrato para el suministro del vital líquido en la capital poblana.
Ya habíamos informado que se había admitido a trámite por un tribunal tributario; el juzgado inició los trámites, le dio la participación que la ley marca a Soapap y Agua de Puebla, hicieron una serie de manifestaciones que ahorita voy a comentar algunas de ellas, y después el tribunal decidió tomar una nueva determinación, consideró que nosotros estaríamos pidiendo la nulidad del contrato de adhesión, que es el contrato por el cual todo el mundo recibe los servicios del agua, pero nosotros de ninguna manera estamos pidiendo eso, en nuestra demanda lo que pedimos es el cumplimiento del contrato del agua, ¿qué es el cumplimiento del contrato?, pues que saneen", explicó.
Insistió que se debe de indemnizar a la ciudadanía por todo el dinero que ésta ha pagado en los últimos siete años para el tratamiento del vital líquido.
Abundó que apelarán la resolución del tribunal y señaló que 43 personas han firmado la demanda colectiva por el agua en Puebla.
Por su parte, Francisco Castillo Montemayor, ex secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, acusó la omisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para sancionar a Concesiones Integrales por incumplimiento de contrato.
Abundó que, en ocho años, la comisión aludida solamente ha hecho dos inspecciones a cada una de las plantas tratadoras de Agua de Puebla, una en 2014 y otra en 2017.
También sostuvo que las multas o sanciones que le interpusieron son irrisorias en comparación con la gravedad que ha provocado al ambiente.
