Los integrantes de la asociación “Gasolineros Unidos Puebla y Tlaxcala” se oponen a la reforma a la Ley de Hidrocarburos que presentó el pasado 26 de marzo el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, pues consideran que ésta representa un abuso de poder y un intento del Estado para apoderarse de las estaciones de servicio.
Y es que la iniciativa propone el Artículo 59 Bis, donde se establece que “La Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias, suspender los permisos expedidos en los términos establecidos en esta Ley cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.
Sin embargo, este apartado es considerado como el camino para que el gobierno federal, si así lo desea, pueda quedarse con las gasolineras, ya que por ejemplo no están definidas las causales de “peligro inminente” y “seguridad energética”, por lo que ello propiciaría discrecionalidad en su aplicación, así como una mayor corrupción y abuso de poder.
La presidenta de la Asociación, Luz María Jiménez, expuso en primer lugar que esta reforma es ociosa, porque lo que propone ya está debidamente legislado y normado; incluso destacó que las sanciones de revocación del permiso y toma de instalaciones ya están incluidas en la actual Ley de Hidrocarburos.
No dudó en reiterar que esta causal de revocación que se plantea es excesiva, al omitir las sanciones previstas en Ley, que son de acuerdo a la gravedad de la falta, por lo que ante el riesgo de revocación del permiso, sólo se fomentará una mayor corrupción.
“La propuesta ignora que la ley orgánica de la administración pública federal, reglamentos internos de la SENER Y CRE no otorgan facultades a sus funcionarios para que puedan operar y /o administrar una instalación o permiso de la cadena de suministro. La propuesta viola los principios establecidos en la Constitución artículos 14,16 y 25 segundo párrafo”
En el caso de la reforma al Artículo 86 sobre la revocación del permiso, la referida asociación alerta que las estaciones de servicio podrían no sólo ser objeto de ocupación, sino que también serían entregadas a PEMEX para su administración, en caso de reincidencia en el rubro de mala calidad y medición del hidrocarburo.
Ante tales hechos, los integrantes de la asociación “Gasolineros Unidos Puebla y Tlaxcala”, pedirán la protección y amparo de la justicia, por lo que promoverán un amparo, sabiendo que los integrantes del Congreso de la Unión aprobarán la iniciativa, como les ordena el Presidente “sin mover una sola coma”.
Aunado a ello, no hay que olvidar que el Presidente ya advirtió que si los jueces no lo complacen y no aprueban lo que él quiere, modificará entonces La Constitución.
