Existen casos de extorsión en Tehuacán: Montiel
La economía y seguridad de los empresarios tehuacanenses se ve afectada por el distanciamiento de la autoridad municipal y estatal provocado por la alcaldesa de extracción priista, Ernestina Fernández Méndez.
Al interior del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) encabezado por Juan Carlos Montiel Solana, en rueda de prensa declaró que tienen conocimiento de que existen casos de extorsión, amenazas y cobro de piso para los empresarios incluso, actos de asesinato.
Por ello exigen a la autoridad municipal, dejar de lado sus conflictos políticos con los órdenes de gobierno y pida ayuda para tener mejores resultados.
“Los que nos toca a nosotros es seguir insistiendo que tomen cartas en el asunto y se resuelva este conflicto lo más pronto posible”, señaló.
Agregó que será la Secretaria General de Gobierno y las autoridades encargadas de evaluar si se pide o no la determinación de pedirle su renuncia a la alcaldesa.
Sobre la deuda de 23 mil millones de pesos que dejó la administración estatal pasada, indicó que se debe mirar cuanto impacta al presupuesto el pago de esta deuda a las futuras administraciones pero subrayó que no es lo mismo pagar una deuda a cinco años que pagarla a 30 o 35 años.
En un análisis sobre las rodillas, declaró que “no están comprometidos de manera importante recursos y participaciones futuras el impuesto sobre la nómina en esta deuda por ser plazo muy largo y por esas inversiones como la plataforma Audi, después se va a regresar vía impuesto sobre la nómina o en las localidades de San José Chiapa”, sentenció.
El gobernador será quien decida cómo administrar su mandato en la inversión o endeudamiento público, “un servidor no tiene calificación para ese anunció”, subrayó.
Para el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Puebla (CANACO), Marco Antonio Prosperi Calderón, el tema de los informales se podrá solucionar en os próximos días al anunciar que se encuentran en diálogos con el ayuntamiento para liberar la calle cinco de mayo del centro a la 18 poniente.
Destacó que solo falta que la organización 28 de octubre acepte los acuerdos establecidos de que exista una zona de tolerancia, pero lo que pide a nombre de la cámara que representa, que la mercancía que se vende por los informales, no sea robada o de procedencia ilícita.
“No se puede lucrar con la vía pública poniendo en riesgo a la ciudadanía”, sentenció.
