Por esa razón mucha gente ve con escepticismo la versión oficial de que fue una riña familiar o la disputa de un tractor la posible causa principal del asesinato de 10 personas, ocurrido la noche del sábado anterior en un rancho, de la pequeña comunidad de Texcalapa, pues era de dominio público el enojo que había de este hombre –Torres Gervacio– por estar bajo el asedio de las bandas dedicadas al saqueo de su patrimonio.

La matanza en particular de los siete miembros de la familia Torres, que incluyó a Cecilio Torres, a su esposa, a dos niños y una recién nacida de 20 días, es vista como un acto con un grado extremo de saña, de barbarie, que parecería tener una fachada de escarmiento hacia quienes osen rebelarse contra las mafias que asolan a la región de la Mixteca. Eso es lo que siente y piensa mucha gente en el municipio de Tehuitzingo.

Desde hace poco más de un lustro la extorsión se ha convertido en una práctica generalizada en la Mixteca poblana. Lo mismo afecta a empresarios y comerciantes de alto poder adquisitivo, como también a pequeños productores de ganado, a gente dedicada a diversos oficios y hasta grupos religiosos.

Es un fenómeno delictivo que se instaló en gran parte de la Mixteca poblana, entre los años 2016 y 2017, por el grupo delictivo de Los Rojos, proveniente del estado de Guerrero.

Al principio dicha organización criminal solo le interesaba las plazas de Acatlán de Osorio, Tulcingo de Valle e Izúcar de Matamoros, por ser centros urbanos con mucho dinamismo económico por las remesas que se reciben de connacionales asentados en Estado Unidos.

Con el paso del tiempo, el grupo de Los Rojos se empezó a mermar por la caída de algunos de sus líderes. Actualmente su influencia se concentra en la zona de Jolalpan. Eso no significó que se redujera el oleaje delictivo en la zona sur del estado de Puebla, colindante con Guerrero, Oaxaca y Morelos.

En el último lustro se sabe que han llegado otras organizaciones criminales, provenientes de Jalisco y Michoacán, o que son oriundas del estado de Puebla, que han expandido “él cáncer” de las extorsiones.

La realidad lacerante es que a la región mixteca no ha llegado el efecto de la llamada “Estrategia Nacional contra la Extorsión”, que echó a andar la presidenta Claudia Sheinbaum hace 11 meses.

Ni tampoco es un problema que aparezca mucho en las estadísticas oficiales de la Fiscalía General del Estado por una razón elemental: en la región lo que prevalece es el silencio.

La gente ha optado por mejor callar frente a este fenómeno delictivo que ha dejado un saldo de empresarios y autoridades municipales asesinados por oponerse al “cobro de piso”.

Primero fue un toro y después un venado

Quienes conocieron a Cecilio Torres Gervacio narran que era un hombre dedicado a la crianza de ganado, en el rancho La Marihuana de la comunidad de Texcalapa, y que le gustaba compartir parte de su producción en comidas con amigos y familiares.

En esas reuniones sociales, en los últimos meses, se había convertido un tema frecuente la queja del anfitrión de que su actividad económica se estaba cayendo a pedazos como consecuencia del “cobro de derecho de piso”. Es decir, las extorsiones que sufría de los grupos delictivos que le exigían dinero –cada mes– a cambio de dejarlo comercializar los becerros que criaba, que era su especialidad.

No conformes con el dinero que le obligaban a entregar a la mafia, en una ocasión narró que el líder de una organización criminal se comunicó y le exigió que, su mejor toro, lo matara y le organizara una comida con la carne de ese ejemplar.

Eso mismo ocurrió en otra ocasión con un venado, el cual ya estaba en su mejor etapa de crecimiento y lo tuvo que sacrificar para que se lo comiera el hombre que encabeza la célula delictiva que cobra “el derecho de piso” en la demarcación de Tehuitzingo.

Lo extraordinario de esa segunda ocasión, narraba, es que llegó a entregar la carne de venado que le exigieron y en el lugar de la comida estaban presentes algunos miembros del gobierno municipal departiendo con los mafiosos.

Una situación que le indignaba al señor Cecilio Torres Gervacio, pues eso significaba que la autoridad estaba del lado de los criminales.

Por eso era constante que expresara a su familia, a sus conocidos, que ya no aguantaba estar dedicado a la crianza de ganado para que las ganancias se las quedara el crimen organizado.

El cargo Familia masacrada en Tehuitzingo vivía acosada por las mafias de la extorsión apareció primero en Reto Diario.

El actuar de Víctor Manuel Cortés es un ejemplo claro de la impunidad que gozan los notarios públicos en Puebla, que son los principales artífices del llamado “Cartel del Despojo”, que es la red de empresarios inmobiliarios y servidores públicos que se coluden para invadir predios o cometer fraudes con casas-habitación.

Es una poderosa red de crimen organizado contra la cual, hasta ahora, no ha habido “la voluntad política” para combatirla.

Durante el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta se revocaron 29 patentes notariales que, de manera irregular, fueron otorgadas durante el mandato del panista Rafael Moreno Valle Rosas, cuando fue jefe del Poder Ejecutivo. Fuera de ese periodo, no se ha vuelto a hacer “una limpia” de los fedatarios que cometen actos ilegales o que son parte del “Cartel del Despojo”.

Ni el Colegio de Notarios Públicos, ni las autoridades de Puebla, han tenido la capacidad de proceder contra los malos fedatarios que, por lo general, son intocables por representar importantes intereses políticos.

Solo esa situación explica lo que ha pasado con el notario Víctor Manuel Cortés que, a principios del presente año, un juez de lo Civil le ordenó anular el instrumento legal mediante el cual se cometió el despojo del predio, narrado al inicio de esta columna, y es la hora que ha desacatado ese fallo judicial.

Se sienten intocables

La historia de este caso es la siguiente:

En julio de 2022, el notario Víctor Manuel Cortés suscribió el instrumento legal 49 mil 324, en el cual se establece que los señores Pedro Gastón Landa Landa y Consuelo Hernández Peñafiel le otorgaban al señor Gregorio Rey Olvera el mandato para disponer de un predio –de 25 mil 682 metros cuadrados– en la Hacienda de Xocoyuca, que pertenece al municipio de Ixtacuixtla, Tlaxcala, pero que colinda con Puebla.

Tres años después, en el Juzgado Segundo en Materia Civil –a cargo de José Martín Calihua Martínez– se estableció que las firmas de ese instrumento notarial eran falsas, luego de que se hicieron tres estudios de grafoscopía.

Por esa razón, a principios de este año, el mismo juzgado ordenó que se anulen todos los instrumentos legales que avaló el notario Víctor Manuel Cortés. Una decisión que llegó muy tarde.

Con el aval que dio el notario público se inició la segregación del predio en cuestión y esa situación permitió que apareciera la empresa Suzari, que es representada por Gloria Lizbeth Ramírez Ramos, para plantear un desarrollo inmobiliario ante Infonavit. Mismo que tenía el propósito de vender casas, con créditos de interés social, principalmente a derechohabientes de la entidad poblana.

Para conseguir la autorización del Infonavit intervino la fiduciaria Soluciones Patrimoniales Cufrisa, que es representada por Gustavo Alonso Hernández.

El esquema utilizado es que el Infonavit revisó el proyecto, lo autorizó y entregó fondos a la fiduciaria Cufrisa, para que esta a su vez le suministrara el dinero a la desarrolladora Suzari.

Todo ello permitió que surgiera el desarrollo Arcos Altos, que abarca 12 edificios, en donde se comercializaron poco más de 480 viviendas, mismas que fueron vendidas cada una entre 439 y 542 mil pesos. Todas con créditos de interés social.

Se tiene la sospecha de que varias de estas casas habrían sido vendidas hasta en dos o tres ocasiones, pues se dice que se habrían falsificado firmas para incorporar créditos de derechohabientes del Infonavit que nunca se enteraron de que se utilizaron sus nombres para solicitar créditos inmobiliarios.

A lo largo de los últimos cuatro años, los dueños originales de los terrenos tuvieron que dar una dura batalla judicial para demostrar que ellos nunca vendieron el predio en donde se construyó Arcos Altos.

Una situación que llama mucho la atención es que, a lo largo del litigio, ni los representantes de la fiduciaria Cufrisa y el notario público 29 aceptaron comparecer en el juicio. Nunca aportaron una sola prueba a su favor. Parecía que se sentían intocables y confiaban en que no habría un fallo en su contra.

Ahora tendrán que enfrentar una demanda penal por el delito de fraude, luego de que han desacatado el fallo de un juzgado civil que ordenó anular la escritura que emitió el notario Víctor Manuel Cortés, misma que fue la punta del iceberg de un gigantesco fraude inmobiliario.

El cargo El notario Víctor Cortés avaló un despojo que derivó en un enorme fraude inmobiliario apareció primero en Reto Diario.

De acuerdo con su biografía oficial, Altamirano Pérez tiene 48 años, es ingeniera agrónoma por la Universidad Autónoma de Chapingo y es originaria de la comunidad de San Juan Amecac, que es parte del territorio de Atzitzihuacán, un municipio mixteco que está a una distancia de 44.5 kilómetros de Atlixco.

Y es que en este municipio hay una máxima: “Atlixco es para los atlixquenses”, que ha sido una expresión que se ha usado en épocas pasadas cuando en el PRI o el PAN se acariciaron las ideas de postular candidatos a la alcaldía que no eran originarios de esta ciudad y de esa manera se rechazó esa posibilidad.

Fue una forma de repudiar a candidatos que se intentaban imponer “desde un escritorio” en la ciudad de Puebla o en la capital del país.

Atlixco es una plaza que en las últimas tres décadas ha vivido un dinámico proceso de alternancia política, pues en este periodo han pasado seis gobiernos locales del PAN, uno del PRI y dos de Morena. Se ha aceptado el cambio de colores partidistas, pero lo que no se ha tolerado es a candidatos a la alcaldía que no nacieron o que desarrollaron sus vidas en esta ciudad famosa por su clima y su floricultura.

El pasado 6 de abril hubo una gira del gobernador Alejandro Armenta Mier a la cabecera de Atlixco, en donde anunció varias obras públicas y se hizo acompañar de Ana Laura Altamirano, lo que se entendió –en la opinión púbica local– que era una espaldarazo político-electoral para la titular la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

A partir de esa fecha, aparecieron unas 12 bardas con el nombre de la funcionaria, se empezó a reunir con productores agrícolas de la región y grupos de profesionistas, además de presentar –acompañada del secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala– su libro titulado “La revolución del campo poblano”.

De manera paralela, ha empezado a tener presencia en la prensa local del municipio en donde ha hecho la definición, poco afortunada, de que “estará trabajando en donde la quieran”, una respuesta que ofrece ante la constante interrogante de si buscará ser aspirante a la alcaldía.

Los problemas para Ana Laura Altamirano no se reducen a que no es oriunda de Atlixco, sino a que su presencia en el municipio es muy pobre. No tiene nada que le dé identidad con este polo de desarrollo turístico.

Ella formalmente es diputada local por el distrito electoral 21, que tiene su cabecera en Atlixco, pero resulta que nunca ejerció esa representación popular.

Altamirano aparece en el escenario político de Puebla cuando fue nombrada secretaria de Desarrollo Rural por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, en 2019, para después saltar en el mismo cargo en la administración interina de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, a quien le renunció al final de su mandato para ser candidata de Morena a diputada.

Una vez electa como legisladora, solicitó licencia para regresar por tercera vez al mismo cargo en el Gobierno estatal.

Un comentario que se ha empezado a esparcir en redes sociales es: “hasta ahora que quiere ser candidata, se acordó que es diputada de Atlixco, antes no”.

Un menudo problema para la encargada de las políticas públicas del agro.

El cargo Causa escozor Ana Laura Altamirano porque quiere ser candidata de Atlixco sin ser originaria de este municipio apareció primero en Reto Diario.

Todo el distrito de Cholula ha sido y sigue siendo la zona de mayor influencia de este sistema en que se coluden poderosos abogados litigantes, jueces, notarios públicos, funcionarios registradores de la propiedad y de las áreas de desarrollo urbano, junto con empresarios, para cometer abusos, invasiones, fraudes y despojos de bienes inmuebles.

Es una mafia que protege todo tipo de robos inmobiliarios, sin importar que se utilicen métodos burdos e infantiles de despojo, como usar un “archivo digital” elaborado hace 63 años, cuando solamente existían las máquinas manuales de escribir. Tal como se relata más adelante en esta columna.

Por esos muchos jueces que estuvieron en el distrito de Cholula literalmente se “sacaban la lotería”, pues el proteger al “Cartel del Despojo” les permitió, entre otras cosas, convertirse en propietarios de hoteles en la zona turística de Zacatlán, poner fábricas de vinos, invertir en un hospital privado ubicado en San Andrés Cholula o acabar como empresarios del ramo de compraventa de casas, terrenos y locales comerciales.

Los jueces son la parte clave de este sistema mafioso, pues al final si el aparato judicial está comprometido con el crimen organizado, no hay forma de frenar los despojos y hacer valer la justicia.

Lo grave de toda esta situación es que aunque en el discurso oficial del Gobierno y el Poder Judicial se ha reconocido, denunciado y condenado al “Cartel del Despojo”, no hay procesos legales en contra de sus principales protagonistas.

Algunos de los participes del “Cartel del Despojo” han entendido que es momento de retirarse momentáneamente de este sistema de crimen organizado, pero otros muchos sienten que nada les va a pasar.

El archivo digital que se hizo sin una computadora

No hace mucho se descubrió que un juez del distrito de Cholula, que recientemente lo cambiaron de esa plaza, admitió una demanda de otorgamiento de escrituras de siete casas que presentó un grupo empresarial.

Los inmuebles involucrados no son cualquier cosa. Se ubican en la zona de Zerezotla, que es el área de mayor plusvalía en el municipio de San Pedro Cholula, por estar en el territorio en que se encuentra el Club de Golf Las Huertas y la reserva ecológica del cerro Zapotecas.

Curiosamente, la parte demandada en el juicio nunca respondió. Lo cual hace suponer que nunca se enteró que le estaban reclamando la propiedad de las siete casas-habitación en cuestión.

El juicio siguió su curso normal y el juez le dio la razón a la parte que inició el litigio, es decir, al grupo empresarial, para que los inmuebles les fueran escriturados a su favor.

La “prueba reina del caso” es que quienes exigían aparecer como los nuevos propietarios de las viviendas presentaron un contrato privado de compraventa que les beneficiaba.

Fue hasta que se estaba elaborando la sentencia que, por suerte, alguien en el Poder Judicial actuó con la debida diligencia y detectó algo que no cuadraba en lo absoluto.

El contrato de compraventa que se presentó en el juzgado era digital y resulta que se elaboró en 1963, un año en que no había computadoras en Puebla.

Un detalle que el juez inicial de la causa dejó pasar con total alevosía y ventaja.

Era obvio que el contrato era notoriamente falso.

Para ser más claros: cuando se hizo ese supuesto “archivo digital” faltaban 18 años para que la empresa IBM fabricara la primera computadora personal del mundo.

O visto de otra manera: se redactó ese “contrato digital” siete años antes de que llegara la primera computadora a Puebla, que fue una IBM 1130, que pesaba una tonelada y la adquirió la Universidad Autónoma de Puebla en 1970.

Ahí no termina todo, fue hasta 1976 que se creó –por instancia del entonces rector, Luis Rivera Terrazas– el departamento encargado de manejar ese sistema, que se usaba para cálculos matemáticos, no para elaborar “contratos chuecos” de bienes inmuebles.

La actual titularidad del juzgado de Cholula ha declarado no aprobada la acción de otorgamiento de escrituras.

También ha dado vista al Ministerio Público para que proceda contra los responsables del intento del fraude.

El problema de fondo es que haya voluntad en el Poder Judicial para castigar a los autores del fraude y los que solaparon el “archivo digital” elaborado sin una computadora.

El cargo Juez adjudica siete propiedades utilizando un archivo digital que data de una época en que no existían las computadoras apareció primero en Reto Diario.

Dicha situación es un reflejo claro del fracaso del relanzamiento del PAN que impulsó hace siete meses Jorge Romero Herrera, el presidente nacional del partido de la derecha, pues con el cambio de imagen y de los estatutos internos de esta fuerza política se supone que se llevaría al panismo a abrirse a los candidatos ciudadanos que, aunque no tengan alguna trayectoria en el albiazul, se les impulsaría por ser garantía de triunfos electorales.

Hasta ahora, en el firmamento del municipio de Puebla no se percibe que pudiera aparecer un candidato externo con suficiente popularidad, arrojo y manejo político para recuperar los índices de votación del PAN y, sobre todo, que aproveche el desgaste de poder y escándalos que enfrentan un número importante de gobernantes surgidos de las filas de la 4T.

Ese proceso de apertura ha sido tan malogrado que, hasta ahora, en la mayoría de los municipios importantes del estado de Puebla, incluida la capital, los nombres de quienes tienen posibilidades de ser candidatos, en su mayoría, son panistas que pertenecen a las corrientes tradicionales de esta fuerza política. Es decir, no hay nada nuevo en el camino. El proceso de “ciudadanización” no cuajó.

Para el caso de la ciudad de Puebla hay una situación inédita y relevante, que es el hecho de que por primera vez solo son mujeres las que estarían, por ahora, interesadas en la nominación para competir por el gobierno de la Angelópolis.

Es destacado este aspecto por los rasgos misóginos que siguen presentes en el Partido Acción Nacional.

Son cinco, las mujeres que están en la lista de aspirantes, cuatro son militantes panistas y una es expriista.

Todas han sido legisladoras en algún momento, pero ninguna de ellas proviene del llamado espacio “ciudadano”, que se supone es la puerta para atraer votos de electores ajenos al PAN.

Ellas son: Genoveva Huerta Villegas y Liliana Ortiz, quienes son diputadas federales; la legisladora local Susana Riestra Piña; así como Mónica Rodríguez Della Vecchia, quien fue parte de la anterior bancada panista en el Congreso del estado, y Blanca Alcalá Ruiz, exmilitantes priista con una extensa carrera política, que incluye haber sido la primera alcaldesa de la ciudad de Puebla.

De los cinco nombres, a excepción de Blanca Alcalá Ruiz, el resto –por ahora– sus nombres no aparecen bien posicionados en las encuestas que han estado midiendo los índices de popularidad de quienes podrían figurar en las boletas electorales del próximo año.

Sin duda alguna, de esa quinteta quien tendría que ser la candidata es Blanca Alcalá por varias razones, entre ellas una cerrera única que la ha llevado a ser diputada –en los ámbitos local y federal–, senadora, embajadora, dirigente partidista y alcaldesa de la capital.

De los últimos 10 ediles que ha tenido la ciudad de Puebla, el nombre de Blanca Alcalá siempre aparece entre los tres mejor valorados. Su gestión se destacó por buenos niveles de aceptación ciudadana, por no enfrentar escándalos de corrupción y por haber sido la primera en imprimir una visión de género al gobierno de la capital.

Lo que no ayuda para nada es que, por su pasado priista de tres décadas, no es bien vista por las fuerzas tradicionales del PAN y en general por la derecha poblana. Eso dificultaría el sumar a todas las facciones panistas en torno a su posible postulación.

A lo anterior se debe agregar el poco interés que Alcalá ha mostrado por volver a competir. Ingresó al PAN como activista externa para construir alianzas electorales, pero no se le ve el más mínimo ánimo para volver a pelear la alcaldía de Puebla.

No se sabe si ese comportamiento obedece a que no quiere arriesgarse a perder otra vez una contienda electoral –luego de que fue derrotada en la lucha por la gubernatura en 2016– o porque sabe de la complejidad que implica ser aceptada por la militancia panista, que suele ser excluyente y clasista.

En cambio, la propuesta del Yunque, que es la organización de extrema derecha que controla a gran parte del PAN, es Liliana Ortiz Pérez, la esposa del exalcalde Eduardo Rivera Pérez.

Ortiz tiene a su favor una imagen fresca y que tiene mucha identidad con los grupos tradicionales del PAN. El problema que enfrenta es que su esposo, Eduardo Rivera, está confrontado con la mitad del partido, como resultado de que en el proceso electoral de 2024 –en el cual fracasó como candidato a la gubernatura del estado– fue excluyente con la mayor parte de las corrientes internas del albiazul. Una actitud que no le acaban de perdonar.

Susana Riestra Piña es una legisladora dinámica, con buena presencia y con un desempeño mediático aceptable. No le ayuda que su hermano Mario Riestra es presidente estatal del PAN y, entonces, ante los ojos de muchos panistas, su postulación se apreciaría como “un proyecto familiar” y no como resultado de la búsqueda de una candidata fuerte para la capital.

Genoveva Huerta Villegas y Mónica Rodríguez Della Vecchia tienen una fuerte identidad panista y son de las pocas voces críticas hacia la 4T. Su principal dificultad –por ahora– es que sus nombres no crecen en los índices de intención del voto.

El cargo Flaca y desganada, la “caballada” del PAN para buscar a su candidato a alcalde de la capital apareció primero en Reto Diario.

Suriano no se ha apartado del trazo que ha fijado la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano de que en 2027 no habrá alianza con ningún partido que tenga registro nacional y la única posibilidad de construir candidaturas comunes sería con fuerzas políticas regionales.

En ese sentido, la dirigente estatal de Movimiento Ciudadano ha establecido que con el PRI y el PAN su partido “no va a ir ni a la esquina”.

Y con las agrupaciones locales, solo ve una opción con el PSI –una fuerza política de origen morenovallista–, pues considera que el resto de los partidos regionales están controlados por Morena. No es incorrecta esa apreciación.

Lo que inquieta en este tema, es que en San Pedro Cholula al parecer no toman muy en cuenta los límites que marca la coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, pues las figuras del partido naranja se están dejando “seducir” por el PAN para discutir una posible alianza con la cual puedan enfrentar a Morena.

Se sabe que la iniciativa ha provenido del PAN y los miembros de Movimiento Ciudadano habrían aceptado construir dicho proyecto electoral, bajo el argumento de que solo un frente amplio de oposición podría derrotar a la 4T.

Hay tal grado de entusiasmo, entre panistas y emecistas, que ya se habla de una terna de la que podría salir el candidato opositor, en caso de concretarse la unión de ambas fuerzas políticas.

La lista de aspirantes la encabeza Roxana Luna Porquillo, quien se quedó sin partido político luego de que hace un par de años desapareció el PRD, con el que todavía compitió por la alcaldía cholulteca en alianza con el PAN y el PRI.

En 2024, Luna Porquillo se quedó a tan solo 285 votos de Tonantzin Fernández Díaz, la entonces candidata de Morena y actual alcaldesa.

Ese antecedente no quiere decir que Luna sea la mejor opción. Tiene en su contra que no es aceptada por una parte de las bases panistas, que actúan con una visión clasista. Además, ahora ya no tiene el respaldo del PRD, que era la agrupación que la impulsaba.

En mucho, su crecimiento hace un par de años se debió a que grupos internos de la 4T jugaron en contra Tonantzin Fernández y a favor de la entonces candidata del PRI, el PAN y el PRD.

Pero ahora, Fernández Díaz ha logrado ser un factor de cohesión entre las facciones de Morena. Sin contar que es de las alcaldesas mejor valoradas en el estado. Eso la coloca con amplias posibilidades de buscar la reelección.

Un segundo aspirante que se ha mencionado es el empresario Isauro López Romero, mejor conocido como “Chawaro”, quien en la anterior contienda participó como candidato de Movimiento Ciudadano, quedando en tercer lugar, con alrededor de 17 mil sufragios, que lo colocó con 7 mil votos menos que Tonantzin Fernández.

Y un tercer nombre es el de Alejandro Gómez López, un panista que actualmente es regidor de Patrimonio y Hacienda en el Ayuntamiento cholulteca. Es quien más ha desplegado una campaña de promoción personal.

El inconveniente que enfrenta es que es muy joven, pues apenas tiene 24 años. No hace mucho fue dirigente del organismo Acción Juvenil del PAN.

Llama mucho la atención que Alejandro Gómez, en algunos de sus promocionales, ya aparece el color naranja, que es el tono emblemático de Movimiento Ciudadano.

Queda claro que, por disposición de la dirección nacional del partido naranja, es imposible la alianza de Movimiento Ciudadano con el PAN.

Lo que sí pudiera ocurrir es que el PAN convenza a los cuadros emecistas a mudarse al partido de la derecha.

Si es que Fedrha Suriano no pone orden en su partido.

El cargo Rebelión en San Pedro Cholula a la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano apareció primero en Reto Diario.

En esa red, que no es otra cosa que crimen organizado “de cuello banco”, la parte esencial es el Poder Judicial, pues es ahí donde se tiene levantado un muro que no permite avanzar los juicios que se llegan a iniciar contra los autores de invasiones, de falsos procesos de compraventa de bienes inmuebles, de la ilegal apropiación de casas, terrenos o locales intestados, o personas que en un juicio son despojadas sin ser notificadas pese a que tienen la razón jurídica de su lado.

Aunque en esta “mafia” intervienen funcionarios públicos del ámbito estatal y municipal, así como notarios de Puebla y Tlaxcala, junto con desarrolladores inmobiliarios y grupos de choque, al final la parte más importante es la que otorga impunidad a los diferentes integrantes del “Cartel del Despojo”. Y esa protección se produce en los juzgados.

En ese sentido, se ha identificado a un juez del área mercantil que se destaca por resolver juicios de disputa de bienes inmuebles sin notificar las decisiones jurídicas a todos los actores involucrados en los litigios que, por lo general, son los verdaderos dueños de las propiedades. Es una forma tramposa de hacerlos perder los procesos legales.

Es la forma de quitarle a un legítimo propietario un terreno o un inmueble, para después permitir la escrituración a favor de los autores del robo de propiedades.

Se dice que este juez no solo se destaca por la protección que da al “Cartel del Despojo”, sino porque tiene mucha influencia en el Poder Judicial.

Es uno de los consentidos del alto mando del Consejo de la Judicatura y, por esa razón, se le tiene en la mira para ser propuesto al Congreso local como próximo magistrado, en lo que podría ser el inicio de un ascenso todavía mucho mayor.

La carrera pública de este personaje empezó a crecer cuando fue nombrado alto directivo de una corporación policiaca.

Cuando tuvo esa encomienda estuvo estrechamente ligado a uno de los políticos más poderosos de la primera década del siglo actual, que es Javier López Zavala, quien fue secretario de Gobernación y de Desarrollo Social, además de dirigente partidista, en el último sexenio de dominio priista.

Por ese motivo, se dice en los corrillos del Poder Judicial, se tendrá mucho cuidado al momento de proponerlo al Poder Legislativo como aspirante a magistrado.

El cargo Uno de los jueces que protege al “Cartel del Despojo” en breve podría llegar a ser magistrado del Poder Judicial apareció primero en Reto Diario.

Lo mismo en comunidades rurales y en centros urbanos ha avanzado a pasos agigantados la desconfianza y la incredulidad hacia los proyectos, metas, y objetivos que plantean todos los gobiernos. Hay una percepción generalizada y entendible entre la gente de decir: nunca se cumplen las promesas de parte de los gobernantes, siempre “nos engañan”.

Para el caso específico del Parque de Economía Circular hay por lo menos tres factores que están contribuyendo, de manera decisiva, a que la gente de San José Chiapa y alrededores simplemente no quieran escuchar lo argumentos, que han esgrimido los gobiernos estatal y federal, de que dicha planta no va a generar contaminación ,y por el contrario, servirá para resolver de fondo el problema de la disposición final de la basura.

El principal factor para que la gente no crea en el discurso oficial sobre la planta megarrecicladora tiene que ver con algo muy claro: que no se ha avanzado nada en el saneamiento del río Atoyac.

La decisión de rescatar el Atoyac es el principal proyecto ambiental del actual Gobierno de la República, en contribución con el Poder Ejecutivo estatal, y luego de un año de que se echó a andar, simplemente no hay ningún resultado positivo que salte a la vista.

El río está igual de contaminado que cuando inició el presente sexenio. Se han anunciado la instalación de biodigestores, humedales y la rehabilitación de plantas de tratamiento de agua residuales en un tramo de 30 kilómetros. Una situación que al final no sirve de nada porque no se ataca el problema central que es frenar a las empresas –entre ellas Concesiones Integrales y Volkswagen– que todos los días arrojan a la Cuenca del Alto Atoyac más de 220 toneladas de material orgánico, basura y metales pesados.

Si la gente ve que no se frena la polución del Atoyac, siendo el principal proyecto del sexenio en materia ambiental, eso lleva a que los pobladores no crean en nada la promesa oficial de que el Parque de Economía Circular no va a contaminar.

Un segundo factor es que, hace un par de años, un movimiento de campesinos de la Cuenca Libres-Oriental, que es la misma región de San José Chiapa, emprendieron una lucha contra la contaminación que provoca Granjas Carroll. Esa ola de movilizaciones se frenó por un acto de represión que les costó la vida a dos campesinos frente al centro de producción de Totalco, en el municipio de Perote, Veracruz.

Al final en el ambiente de las comunidades campesinas quedó la idea, bien fundamentada, de que los gobiernos se acabaron poniendo del lado de Grajas Carroll y de otros agronegocios de la región, que contaminan y se les tolera un abusivo consumo de agua.

El tercer factor es el fracaso del manejo de los rellenos sanitarios en el estado, que se construyeron bajo la idea de que iban a procesar correctamente la basura, que estarían vigentes por muchos años y que no serían factor de contaminación. Al final, acabó ocurriendo todo lo contrario.

En los últimos tres años han entrado en crisis los rellenos sanitarios de Tehuacán, de Cholula –ubicado en San Andrés Calpan–, de Ciudad Serdán, de Hueuhuetla, de Tepango de López y Tlacotepec de Benito Juárez, entre otros.

Un dato importante: la primera asamblea comunitaria que se realizó para alzar la voz contra el proyecto del Parque de Economía Circular se llevó acabo el 25 de enero pasado en el zócalo de Soltepec, en donde uno de los argumentos fue exponer lo ocurrido en Calpan, con los siguientes datos: el relleno sanitario de ese lugar se inauguró en 2016, era para uso de 20 municipios y tendría una vida útil hasta 2036. El asunto es que hace dos años ya era un tiradero a cielo abierto, por lo cual se tuvo que clausurar de manera definitiva.

Con esos antecedentes surge una pregunta básica: ¿cómo se quiere que la gente de San José Chiapa confié en que el Parque de Economía Circular no acabará en las mismas condiciones que los rellenos sanitarios?

Frente a este tema se ha cometido un error garrafal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que es afirmar que el Parque de Economía Circular no va a contaminar nada.

Es cierto que el modelo propuesto no usa agua y no amenaza con contaminar los mantos freáticos, pero también queda claro que en algún lugar se tiene que acumular los desechos que serán reciclados y esos volúmenes de basura, calculados en 800 toneladas diarias, siempre van a generar malos olores, fauna nociva y otros problemas más.

Por lo que no se puede jugar, por parte de las autoridades ambientales, a la fantasía de que no habrá un ápice de contaminación.

El proyecto del Parque de Economía Circular en sí no suena mal, es una planta que se necesita frente a una sociedad de consumo que a diario genera, tan solo en el estado de Puebla, más de 6 mil toneladas diarias de basura.

El problema de fondo es que cuesta mucho trabajo creer en las buenas intenciones del gobierno.

El cargo ¿Por qué la población de San José Chiapa desconfía del proyecto del parque de reciclaje? apareció primero en Reto Diario.

Uno de los rasgos más notorios es que dichas agrupaciones se han vinculado a la 4T, como parte de un nuevo corporativismo que ha surgido en torno a esta expresión política, de manera muy similar tal como en el pasado ocurrió con los regímenes del PRI y del PAN.

Ese neocorporativismo es la actual fuente de impunidad para estos sindicatos que, en todos estos episodios de violencia ocurridos en Puebla, nunca hay detenidos, no se inician procesos penales por la obstrucción de vías de comunicación y nunca interviene la fuerza pública del ámbito federal, estatal o municipal para frenar tales enfrentamientos.

Muestra clara de esa situación se vio este martes, el producirse un nuevo zafarrancho entre grupos de golpeadores de sindicatos relacionados, por un lado, con la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que dirige Leobardo Soto Martínez a nivel local, y, por el otro lado, con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), que es encabezada por el legislador de Morena Pedro Haces Barba, quien a su vez es parte esencial de grupo político de Ricardo Monreal Ávila, el coordinador parlamentario de la 4T en la Cámara baja del Congreso de la Unión.

La intervención de la autoridad –en los hechos de violencia de este martes– solo se limitó a hacer un llamado a las partes a resolver sus diferencias con diálogo, pese a que hubo disparos al aire y se quemaron dos vehículos por parte de los agresores, lo cual provocó el cierre parcial de la autopista México-Puebla. Un saldo que no es algo menor.

En cambio, contrasta que, cuando hay un cierre carretero por parte de un movimiento social, entonces sí surge el enojo, la indignación, de los gobiernos federal y estatal contra las protestas ciudadanas, que incluye iniciar procesos penales por obstrucción a las vías de comunicación.

Ejemplo muy claro: los líderes del movimiento de defensa del agua de San Miguel Xoxtla han enfrentado un largo proceso penal por cerrar en dos ocasiones la autopista México-Puebla, pese a que no hubo armas de fuego de por medio, ni vehículos quemados. Y lo que si había era un malestar social de la población por la explotación de sus pozos sin que se hubiera tomado en cuenta la opinión de la gente.

En el otro lado de la moneda, hasta la fecha no se conoce de algún proceso legal contra la CTM, la CATEM y otras agrupaciones gremiales por la violencia que han desatado en la disputa de contratos privados para el traslado de materiales y desechos de la construcción.

Dicho trato diferenciado es producto del corporativismo electoral que han venido construyendo en torno a la 4T.

Una relación que se expresa por parte de estas organizaciones movilizando a sus agremiados a favor de Morena en cada proceso electoral. Por eso dichas agrupaciones se han vuelto intocables, tal como ocurría cuando el PRI o el PAN eran las fuerzas políticas en el poder.

Cómo surgió el pleito y el negocio

Para entender el origen de este conflicto, es necesario observar los siguientes apuntes:

Las peleas entre los sindicatos de la construcción no son por la defensa de los derechos laborales en un gremio o la disputa de un contrato colectivo de trabajo. No son por causas sociales.

Son disputas por los contratos para prestar el servicio de rentar camiones de carga para trasladar materiales de construcción o desalojar el cascajo de los proyectos de grandes obras públicas, sobre todo del ámbito de la construcción de carreteras que son los más costosos. Es un negocio privado de los líderes de esas organizaciones.

La práctica de subcontratar a los sindicatos en las obras públicas, en lugar de empresas privadas dedicadas a la renta de maquinaria y vehículos, surgió en el gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa y se expandió a lo largo del sexenio del priista Enrique Peña Nieto. En los siete años de la 4T se ha seguido reproduciendo ese esquema, que incluye el uso de comportamientos gansteriles.

El poder político, lo mismo del PRI, el PAN o Morena, les han solapado a dichos sindicatos que se rijan por “la ley del más fuerte”.

Los enfrentamientos violentos que han protagonizado en Puebla y en otros estados del país, se generan por dos situaciones:

Primera: una empresa privada gana la construcción de una obra pública y subcontrata a un sindicato para las labores de acarreo de materiales. Entonces otra agrupación rival decide atacar a la facción beneficiada, a golpes, disparos y quema de vehículos, para que le cedan –a la fuerza– parte de las labores de traslados de carga pesada.

Segunda: a veces esa violencia está dirigida a las empresas constructoras para que le quiten los contrato a un sindicato beneficiado y se lo den a otro, como condición para que la compañía no sufra la destrucción de equipos o materiales.

Una característica más en esa perversa relación de poder político y organizaciones gremiales es que ha privado el pragmatismo político.

A los sindicatos se les ha dejado hacer de las suyas, luego de que estas agrupaciones han usado la estrategia de mudar sus relaciones políticas del PRI y del PAN al universo de la 4T.

Una muestra clara es la siguiente: en el proceso electoral de 2010, en Puebla, la CTM que dirige Leobardo Soto representaba al sector obrero del PRI. En esa ocasión dicha agrupación se le jugó a fondo con el entonces candidato priista a la gubernatura, Javier López Zavala, quien acabó derrotado.

Años más tarde, cuando se construyeron las plataformas de Audi por parte del gobierno panista encabezado por Rafael Moreno Valle Rosas, el Poder Ejecutivo le dio los subcontratos de renta de camiones a las agrupaciones de la CTM para trasladar toda la arena que se extrajo para la instalación de dicha planta automotriz.

Entonces Leobardo Soto hizo a un lado su militancia priista y empezó a “coquetear” con el PAN.

Tan es así que su hijo, Leobardo Soto Enríquez, se volvió parte del grupo político del panista Eduardo Rivera Pérez, con quien fue regidor del Ayuntamiento de Puebla.

Al final del mandato de Rivera, el líder cetemista rompió públicamente con el político panista y anunció su apoyo a Julio Huerta, cuando este personaje era aspirante a ser candidato de Morena a gobernador de Puebla.

Y aunque oficialmente la CTM dice no tener militancia partidista, todo mundo sabe que ahora juega del lado de la cancha de la 4T.

El cargo Nuevo corporativismo en la 4T da impunidad a los enfrentamientos entre sindicatos de la construcción apareció primero en Reto Diario.

Uno de tantos pacientes que vivió en carne propia todo ese universo de abusos fue una mujer llamada Micaela, de 95 años, que llegó al nosocomio luego de una grave caída, para toparse con insultos y actitudes de escarnio, como reclamarle “por qué no tiene un hombre” que la cargue para que le puedan tomar una placa de rayos X.

Al final, una sobrina que acompañaba a la nonagenaria acabó siendo expuesta a la radiación del aparato de rayos X, pues la obligaron a que ella cargara y sostuviera a su pariente, pese a no tener la capacidad física para ello. Cuando estaba sujetando a la mujer accionaron el sistema radiológico, sin ofrecerle una placa o una bata de protección.

Todo ello sin contar que nunca le pudieron proporcionar el analgésico que ordenó un médico para calmar un dolor intenso que sufría la anciana por la caída y que se agravaba por padecer escoliosis aguda, situación que le hace tener la columna vertebral en forma de una “S” y sufrir dolores crónicos.

Al final pasó lo mismo que siempre ocurre en el IMSS: luego de una espera de más de cuatro horas para tomarle una placa radiológica, le dijeron que “no tenía nada” y le dieron una tira de paracetamol, sin importar que la paciente no se podía sostener en pie, que el dolor se incrementaba y presentaba signos de desorientación.

Una situación muy parecida vivió un hombre que llegó con la nariz rota, hundida, para que de manera grosera le dijeran que no había cirujano disponible y se retirara, o mejor buscara otro nosocomio del IMSS para que lo atendieran esa noche.

“¿Por qué no tienes hombre que te atienda?”

La señora Micaela, que cumple 95 años esta semana, tropezó la tarde noche del viernes pasado. Una sobrina, con sus propios medios, la llevó al área urgencias de la clínica del IMSS ubicada en la zona del Paseo Bravo. Ahí un médico dijo tener la sospecha de que había una fractura o una fisura. Por tanto, ordenó que mejor la trasladaran al Hospital de Traumatología y Ortopedia, que se ubica en la diagonal Defensores de la República.

En 2020, ese hospital que lleva el nombre del expresidente Manuel Ávila Camacho, fue visitado por Zoé Robledo, en su calidad de director del IMSS. Ahí, en los discursos oficiales se dijo que el nosocomio cuenta con una plantilla de 123 médicos especialistas y 291 enfermeras. Se presumió que la unidad médica era moderna y eficiente.

Nada de eso se encontró la señora Micaela. El tremendo golpe que se dio con la caída no le permitía caminar. Entonces a la entrada del hospital le proporcionaron una silla de ruedas, la cual se encontraba en estado deplorable, con un asiento a punto de romperse y sin tener el apoya brazo del lado derecho, lo cual pone en peligro a quien usa el dispositivo, ya que una mano podría ser atrapada por la rueda de dicho aparato.

La mujer entró la noche del viernes y salió del hospital a las cinco de la madrugada del sábado, luego de una larga espera de cuatro horas para que le tomaran una placa radiológica.

En el área de rayos X atendía una sola mujer de unos 40 años, de complexión robusta, que a todos gritaba y hacía gestos agresivos.

Sin tomar en cuenta que Micaela no podía caminar y su avanzada edad, la radióloga ordenó que se pusiera de pie y se colocara frente a una pared.

Cuando la paciente le expuso que no podía hacer ese movimiento, entonces la trabajadora del IMSS volvió a dar órdenes, como si fuera militar, que entonces su sobrina la cargara y la pusiera boca abajo en una mesa. Con el pequeño detalle de que esa pariente no tiene la fuerza ni la complexión para aguantarse a su tía.

Fue entonces cuando la radióloga lanzó la expresión, palabras más, palabras menos, “¿por qué no tiene un hombre que la asista, que la cargue?, ¿por qué viene así?”

La única solución que encontró la sobrina es que salió a buscar un camillero, mismo que movió a Micaela sin atender su llanto por el dolor y debido a la escoliosis que padece, nunca pudo poner recto su cuerpo, tal como exigía la encargada de los rayos x, que ansiosa advertía que ya no haría el servicio por la tardanza.

De manera sorpresiva para la sobrina, cuando sujetaba a la paciente encima de una mesa, para acabarla de acomodar, la exasperación de la encargada del área la hizo accionar el aparato radiológico, sin importar que la pariente no tenía ningún tipo de protección frente a los rayos X.

Algo que había en cualquier rincón del hospital es que todas las áreas estaban llenas de abundante polvo, por la falta de limpieza y, al parecer, por obras de remodelación. Una falta de higiene imperdonable en un hospital.

Al llegar al sitio de diagnóstico, la señora Micaela se topó con que solo había médicos pasantes. Eran alrededor de siete jóvenes entretenidos con sus teléfonos celulares, en estar comiendo fritangas, en lugar de buscar agilizar la atención a los pacientes.

El lugar era una reducida oficina llena de basura, con colchonetas en el piso que usan los galenos para dormir y donde solo hay dos computadoras para revisar las placas de rayos X, lo que hace tortuosa la atención para los muchos derechohabientes que esperan una revisión.

En todo momento la sobrina pidió que le suministraran a su tía una ampolleta de tramadol, que es un medicamento para el dolor extremo y que ordenó el primer galeno que vio a la nonagenaria. Nunca le pusieron el fármaco. Todo se redujo a que le dieron una tira con cuatro pastillas de un leve analgésico, previo a que la señora Micaela fuera enviada a su casa.

La sobrina preguntó quién era el médico encargado del hospital para presentar una queja. La respuesta que le dieron: la recepcionista era la que atendía esos asuntos y, efectivamente, con mucha atención la empleada escuchó los reclamos, para después dar una respuesta contundente:

Lo que vivió la señora Micaela pasa todos los fines de semana.

El cargo Maltratos, abusos y burlas en el Hospital de Traumatología del IMSS apareció primero en Reto Diario.

De tal manera que los dueños de los predios invadidos cuando quieren emprender acciones legales se enfrentan a una maraña de intereses y de participantes en el fraude, lo cual hace difícil y a veces imposible saber cuáles son las rutas para poder actuar penalmente contra todos los implicados; pero sobre todo, para frenar los desarrollos inmobiliarios que se levantan en los terrenos despojados.

Es tan sofisticado este timo que los compradores de viviendas –con créditos del Infonavit– no tienen manera de advertir que están adquiriendo bienes inmuebles que tienen vicios de origen y que los puede llevar al riesgo de acabar perdiendo las casas que han comprado y que, además, tienen la obligación de no dejar de pagar, aunque se advierta la ilegalidad del proceso de compraventa.

Un factor que agrava el problema es la exasperante lentitud con que actúa, en particular, el Poder Judicial poblano para desahogar los procesos penales por despojo.

Que en ocasiones se percibe que es por problema de falta de personal en los juzgados y por la habilidad de los abogados de los acusados para frenar el avance de las audiencias.

Pero también está presente el problema de corrupción que frena el progreso de los litigios, con la complicidad de funcionarios del Poder Judicial.

Y los más sorprendente es que quien orquesta todo el fraude puede ser alguien que quede al margen de toda acción legal.

Son mafia que tienen muchos eslabones y una forma compleja de actuar para hacer creer a todo mundo que sus desarrollos inmobiliarios son legales y sin complicaciones.

El cargo Nuevo esquema para construir casas en terrenos invadidos con fondos del Infonavit apareció primero en Reto Diario.

Hay tres factores que están jugando a su favor: es la única voz de la oposición en esa demarcación, actualmente gobernada por el PAN; está arriba en los índices de popularidad y atrás de él, hay una trayectoria de 10 años buscando ganar el gobierno sanandreseño.

San Andrés Cholula será en la próxima contienda una de las plazas más disputadas, de mayor peso simbólico, para las dos fuerzas políticas dominantes del estado de Puebla: el PAN y Morena.

Es uno de los municipios con mayor plusvalía inmobiliaria en México. En el ámbito del estado de Puebla, es la demarcación más importante que gobierna el PAN en la actualidad y, al mismo tiempo, es uno de los bastiones panistas de mayor peso en el país, pues el partido de la derecha ha dominado desde hace tres décadas, a excepción del periodo de 2018 a 2021, en que ganó Morena.

De los 10 municipios más importantes de la entidad, por el tamaño de su población y su desarrollo económico, la única demarcación que en el presente no es gobernada por un alcalde surgido de la 4T es San Andrés Cholula. Por lo que se ha convertido en una prioridad para Morena el intentar “arrebatar” al PAN ese territorio, que se le ve como “la cereza del pastel”.

Faltando ya pocos meses para la definición de los llamados coordinadores de defensa de la 4T, que al final serán los candidatos a alcaldes, en San Andrés Cholula la lucha por la nominación de Morena se cierra a dos personajes: el regidor –con licencia– Raymundo Cuautli Martínez y Karina Pérez Popoca, actual diputada federal y quien ya fue edil sanandreseña hace ocho años.

Entre los que conocen los entretelones de la política local de San Andrés Cholula cuentan que, hace unas semanas, ya se habría generado “una señal” que marcaría la definición de la candidatura de la 4T.

Se dice que, no hace mucho, hubo una reunión del gobernador Alejandro Armenta Mier con militantes morenistas –pertenecientes a algunos municipios de la Zona Metropolitana de Puebla– que buscan ser candidatos a ediles y diputados locales o federales. Ahí el mandatario les habría pedido no romper con la unidad de la 4T y evitar ataques, intrigas, entre los aspirantes. Pero, sobre todo, les remarcó que las postulaciones serán para los mejor posicionados en los sondeos de opinión pública.

Hubo un momento en que el titular del Poder Ejecutivo les habría dicho, palabras más, palabras menos, algo así como: “algunos de ustedes, no por el hecho de que ya fueron alcaldes y ahora argumentan que la gente pide su regreso, se van a convertir en candidatos”.

Algunos de los presentes interpretaron que esa aseveración parecía estar dirigida hacia Karina Pérez Popoca.

El problema que enfrenta la exedil es que en 2018 se le seleccionó como candidata de Morena porque representaba a las organizaciones sociales que lucharon contra el autoritarismo del morenovallismo, pero a lo largo de sus tres años de gobierno, se acabó confrontando con muchos de los líderes y activistas del movimiento obradorista.

Por lo que ahora se advierte que, si la volvieran a postular, sería un factor de división en el frente de la 4T.

El cargo “Se alinean los planetas” para que Raymundo Cuautli pueda ser candidato de Morena en San Andrés Cholula apareció primero en Reto Diario.

El problema de esa propaganda es que la imagen de la presidenta de Morena se vincula a la del gobernador Alejandro Armenta Mier y de la secretaria de Bienestar estatal, Laura Artemisa García Chávez, lo que constituye una violación de las normas que prohíben a los partidos políticos colgarse de las acciones y programas de gobierno.

En esa propaganda, Romero Garci-Crespo se presenta como una gestora entre empresarios de la región de Tehuacán y el Gobierno del estado.

Así como gestora en la solución de los problemas de agua potable en Tehuacán, que es una facultad del gobierno municipal de dicha ciudad.

Tal situación refleja un terrible descuido, o mejor dicho cinismo, en la comunicación política de la dirigente del partido Regeneración Nacional, al buscar hacer crecer su presencia pública de la mano de acciones de los gobiernos del estado y de Tehuacán. Una situación que le urge, ya que en las encuestas no aparece bien posicionada entre el electorado de Tehuacán.

Al mismo tiempo mete en un brete a Morena, ya que ese tipo de propaganda le da armas a la oposición para que pueda acusar, desde ahora, a la 4T de utilizar recursos públicos en el proceso electoral que se avecina y que servirá para renovar los 217 ayuntamientos del estado y el Congreso local.

Otro aspecto negativo es que Romero manda un pésimo mensaje a la clase política de la 4T, pues en lugar de que la presidenta de Morena sea una celosa vigilante de que no se violen las normas electorales, acaba dando señales de que el camino a seguir es enlazar la imagen de los aspirantes a ediles y legisladores con la actuación de los gobiernos morenistas.

Ese manejo propagandístico, que está usando la presidenta de Morena, va en contra de lo que marca el artículo 134 de la Constitución, que establece la imparcialidad en el manejo de recursos públicos y la neutralidad que debe de haber de miembros de cualquier nivel de gobierno para no estar ligados a los intereses de un partido político.

Quiere mostrarse como la candidata del gobernador

La estrategia que se sigue con esos folletos propagandísticos es la de la ambigüedad, la de no asumir la responsabilidad de los contenidos y querer utilizar expresiones tramposas.

Es decir, se utilizan todas las mañas que se inventaron los gobiernos del PRI y del PAN para difundir propaganda engañosa y hacer proselitismo en periodos que, por mandato de la ley, no está permitido.

En todos los contenidos de esos folletos que se reparten en comercios, casas y plazas públicas, no aparece ningún autor de los textos que ahí se reproducen. Y nunca se menciona a Olga Lucía Romero Garci-Crespo por su cargo político.

El utilizar al medio “Entelequia.Mx” es una argucia para que la líder morenista argumente que ella no es la autora de los panfletos que se distribuyen masivamente en todas las colonias, barrios y juntas auxiliares de Tehuacán.

En la portada del folleto en cuestión aparece Romero Garci-Crespo con un chaleco con el color emblemático de Morena, haciendo la señal de la 4T, con un fondo azul –cercano a las tonalidades del logotipo del PAN– y utilizando la siguiente frase:

“Armenta respalda a Olga Romero Garci Crespo; la nombra enlace estratégico con empresarios” (sic).

Con esa frase se busca hacer creer a la gente que el gobernador ya eligió a Romero para ser la candidata de Tehuacán, algo que no es verdad.

Adentro del folleto, aparece la dirigente morenista retratada con el titular del Poder Ejecutivo y con un texto que dice: “…Alejandro Armenta, ratificó la confianza en Olga Romero Garci Crespo al designarla como el puente fundamental entre el Gobierno del Estado y el sector empresarial de Tehuacán” (sic).

En otra hoja, aparece un título que dice: “Territorio y Trabajo: La fórmula de la verdadera transformación en Tehuacán” y junto, está fotografiada Romero con Laura Artemisa García Chávez, la secretaria de Bienestar y responsable de los programas sociales que se aplican en el estado.

Como colofón, después de observar la propaganda de la dirigente Romero, se puede afirmar: no cabe duda que en la actualidad Morena utiliza los comportamientos, del PRI y el PAN, que tanto prometió erradicar de la política mexicana.

El cargo Olga Lucía Romero Garci Crespo se cuelga de programas oficiales para promoverse como aspirante a candidata de Tehuacán apareció primero en Reto Diario.

De acuerdo con lo que se comenta en el Poder Judicial, esta “guerra sucia” estaría dirigida contra aquellos jueces que son considerados como “incómodos” para el presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez Hernández, como parte de una estrategia de que pueda colocar a personajes afines a sus intereses como candidatos a ser parte del Poder Judicial en el proceso de renovación que habrá el 1 de junio de 2027.

Lo grave de esta situación es que se supone que el Consejo de la Judicatura es el órgano central que administra los bienes del Poder Judicial y, sobre todo, cuida la disciplina y la ética interna de este poder público. Pero ahora se dice que sería desde esta instancia donde se estarían filtrando documentos y acusaciones contra los jueces que no son parte del agrado de Martínez Hernández.

El camino que se sigue para hostigar a los juzgadores “incómodos” es tildarlos de ser parte de “la vieja guardia”, término que se le quiere dar la connotación de que representan supuestamente la corrupción e ineficacia en el aparato de administración de justicia. Al mismo tiempo, se filtran documentos e historias para enmarcarlos en comportamientos de abusos, de torpezas o de presuntos actos de corrupción.

Tal situación plantea que no hay un afán de depurar, de “limpiar”, al Poder Judicial, sino de preparar una elección judicial controlada.

Entre algunos jueces que se sabe estarían en esa “lista negra”, se ha escuchado el nombre de Mario Cortés Aldama, cuyo “pecado” es que ya había comentado con sus colaboradores cercanos su interés de ser candidato y ser votado en la próxima elección judicial.

También estaría la jueza Rosalba Elena Zárate Herrera, quien fue parte del primer Consejo de la Judicatura durante el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta. Al parecer, ahora estaría interesada en contender por un cargo de magistrada.

Un tercer caso es el de Enrique Romero Razo, quien es un personaje de mucha relevancia en el Poder Judicial.

En el año 2014, en pleno sexenio del entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, el togado Romero Razo era titular del Juzgado Noveno de lo Civil y fue presionado desde el Poder Ejecutivo para que emitiera un fallo en contra del empresario Ricardo Henaine Mezher, quien era odiado por el morenovallismo y enfrentaba un litigio por la disputa del club de fútbol Puebla de la Franja.

El juez actuó de acuerdo con las pruebas que había en el caso y como eso no gustó al Gobierno estatal, se desató una persecución en su contra que incluyó suspenderlo del Poder Judicial y que un día un grupo de maleantes entró a su vivienda, en donde se encontraba con su esposa, para ser salvajemente golpeado y ser advertido que esa agresión era consecuencia de su comportamiento en el juzgado.

Lejos de resignarse, denunció a nivel nacional que atrás de las agresiones estaba “la mano” de Moreno Valle y llevó su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, en el año 2017, no solo amparó a Romero Razo sino obligó al Poder Judicial poblano a que lo reinstalara en su cargo de juez.

Ahora parecería que Romero Razo está en la “lista negra” del Consejo de la Judicatura y se han filtrado documentos en su contra, para aparentar un mal ejercicio en su función.

Y todo eso ocurre porque muchos lo ven como “un candidato natural” para postularse en la próxima elección judicial.

En las últimas semanas, el presidente del Consejo de la Judicatura ha aumentado su presencia mediática para otorgar entrevistas y dar a conocer que hay una cruzada contra la corrupción e ineficiencia en el Poder Judicial.

Hasta ahora, esas declaraciones solo suenan a un discurso de propaganda y no a un cambio real en este poder público.

Ejemplos hay muchos, como es el hecho de que los jueces que llevan los casos de invasiones de tierras importantes, como La Covadonga o la Ex Hacienda de San José Zetina, poco o nada hacen contra los autores de los despojos.

Algo que llama mucho la atención es que por un lado se ha creado esta campaña informal, dentro del Poder Judicial, de que se estaría combatiendo “a vieja guardia” del Poder Judicial. Pero por el otro lado, el presidente del Consejo de la Judicatura ha echado mano de administradores que pertenecen a los grupos de interés dentro del aparato de administración de justicia.

Son facciones que mucho conocen como “las mafias” del Poder Judicial y que serían dirigidas por los magistrados Daniel Iván Cruz Luna y César Iván Bermúdez Minutti.

Y resulta que Pedro Antonio Martínez nombró como administradores generales del Poder Judicial a Daniel Alonso Díaz Arellano, quien es parte del grupo de Bermúdez Minutti, y a Guillermo Valdés Luna, quien es cercano al magistrado Cruz Luna.

Eso exhibe que la renovación del Poder Judicial no es una realidad.

El cargo Consejo de la Judicatura desata “cacería de brujas” contra jueces que le son incómodos apareció primero en Reto Diario.

El último episodio ocurrió hace unos días, en que se tenía programada la primera audiencia del juicio contra el acusado de apropiarse ilegalmente de los predios, pero de última hora el Ministerio Público (MP) impidió que se realizara ese acto jurisdiccional.

La Fundación Julita y Antonio ha ganado dos amparos para obligar al Poder Judicial y a la FGE a que se vincule a proceso y se juzgue a Jorge N., como presunto autor de la invasión de 8.5 hectáreas –ocurrida en abril de 2023–, pero aún con esos mandatos de la justicia federal, siempre se pone un freno al proceso judicial.

Ya son varios factores que hacen suponer que no son problemas burocráticos o actos de ineficiencia lo que no permite caminar al juicio. Se tiene la sospecha de que el tráfico de influencias es la constante que impide sancionar la apropiación ilegal de los predios de La Covadonga, que fue una de las fábricas textiles más notables de Puebla surgidas a finales del siglo 19.

El último factor para frenar el juicio raya en el absurdo. Resulta que el agente del Ministerio Público que originalmente tenía asignado al caso tuvo casi seis meses para notificar que ya no era el responsable de ese asunto, hasta que, faltando 48 horas para la última audiencia programada, mandó el escrito para comunicar que el tema ya no era de su competencia.

Razón por la cual se obstaculizó por enésima vez la continuidad del juicio.

Y ahora hay que esperar varios meses para que se programe la nueva audiencia.

Faltando dos días, el Ministerio Público frenó la audiencia

La invasión de los predios, tal como ya se mencionó, aconteció en el primer cuatrimestre de 2023 y 11 meses más tarde, el juez que le tocó conocer el caso, Enrique López Criollo, determinó que no había elementos para vincular a proceso penal al acusado de la invasión, que es un personaje identificado como Jorge N. Pero, además, declaró sobreseído el expediente judicial.

Es decir, para el juez no había pasado nada, pese a que la Fundación Julita y Antonio ha acreditado la propiedad de los terrenos, se presentaron evidencias de que un grupo armado entró a apoderarse de los predios y la parte acusada no ha podido aportar alguna prueba para alegar que adquirió legalmente la extensión de las tierras en disputa.

Un año más tarde al fallo de Enrique López Criollo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito determinó que no fue correcto el proceder del juez e invalidó la resolución que declaraba sobreseído el juicio.

Desde entonces, los abogados de la Fundación Julita y Antonio le pidieron al agente del Ministerio Público, Israel Andraca Huerta, que se continuara con la investigación de la invasión y el funcionario se negó sistemáticamente a esa petición.

El 9 de enero de este año, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal vuelve a cuestionar el proceder del juez Enrique López Criollo y ordena que se vincule a proceso a Jorge N., por el probable autor del delito de despojo.

Ya con anterioridad se había relatado en esta columna que, hace un mes, el Poder Judicial volvió a turnar al juez Enrique López Criollo a hacerse cargo del proceso contra Jorge N., lo cual a todas luces es una muestra de parcialidad del Poder Judicial el poner otra vez al togado que actuó incorrectamente al inicio del proceso.

Más allá de la controversia del regreso de Enrique López Criollo, se había logrado avanzar con la vinculación a proceso penal de Jorge N. y que se había fijado, para el pasado 7 de abril, la realización de la primera audiencia del caso. Parecía que ahora sí todo iba a avanzar.

El día 5 de abril, el agente del MP, Israel Andraca Huerta, le informa al juez que ya no es el responsable del caso de La Covadonga.

Eso era cierto, pero con el pequeño detalle de que lo habían retirado del asunto varios meses antes y lo grave de su comportamiento, es que no avisó a tiempo, sino faltando 48 horas para la audiencia.

Por tanto, el 6 de abril se notificó a las partes que como no había agente del Ministerio Público asignado, se cancelaba el acto programado para el día siguiente.

Lo grave de todo esto es que era mentira que no había agente del Ministerio Público representando a la FGE en el juicio.

Resulta que, desde meses atrás, ya se había nombrado al nuevo agente del MP, que es Gustavo Adolfo Torres Morales.

Y vaya dato curioso: al segundo agente del MP también “se le olvidó” avisar que era el nuevo representante de la autoridad ministerial en dicho proceso judicial.

Lo acontecido es una clara maniobra de dilación, el que dos funcionarios de la FGE no avisan que uno ya no está en el juicio y el otro, que es el nuevo encargado.

Y que el coordinador de los agentes del MP, Alfonso Michel Becerril, se “quede cruzado de brazos” ante esa maniobra que, no es ilegal, pero sí parece ser “un plan con maña” para que no camine el proceso de La Covadonga.

El cargo El Ministerio Público vuelve a obstaculizar el juicio contra la invasión de los terrenos de La Covadonga apareció primero en Reto Diario.