El mensaje vino acompañado de una advertencia política clara: “estén atentos”, dijo, anticipando que los cambios no han terminado.

Hasta ahora, el único movimiento confirmado es el relevo en el programa hídrico estatal, donde Rebeca Bañuelos, actual secretaria de Medio Ambiente, asume una responsabilidad estratégica que antes encabezaba Raymundo Atanacio Luna.

¿Se trata de una reingeniería institucional con objetivos claros o de una corrección ante resultados que no convencieron del todo? La narrativa oficial habla de optimización, pero la realidad exige indicadores, plazos y metas que permitan evaluar si estos ajustes se traducen en mejoras tangibles.

En contraste, la comparecencia del secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras, ofreció un ejercicio más robusto en términos de rendición de cuentas. Los números presentados no son menores: 3 mil 925 millones de pesos invertidos en 100 obras para la movilidad durante el último año y mil 700 millones de pesos ejercidos en 2025 para el arranque del Cablebús, uno de los proyectos emblemáticos de esta administración.

La exposición en el Congreso local fue técnica pero amplia. No obstante, el reto no está solo en el monto de la inversión, sino en su impacto social y territorial. La infraestructura, para ser verdaderamente transformadora, debe reducir desigualdades, conectar regiones históricamente rezagadas y mejorar la calidad de vida cotidiana.

El Cablebús, por ejemplo, despierta expectativas pero también demanda claridad sobre sus beneficios reales, costos de operación y articulación con otros sistemas de transporte. La comparecencia dejó datos sólidos; ahora toca al Gobierno convertirlos en resultados perceptibles para la ciudadanía.

Mientras que este martes será el turno de Ana Laura Altamirano, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, una de las dependencias más sensibles para el estado. Su comparecencia llega en un contexto donde el campo poblano enfrenta desafíos estructurales como el cambio climático, encarecimiento de insumos, acceso limitado a mercados y la urgente necesidad de tecnificación.

Aquí, lo positivo ha sido el enfoque en acompañamiento a productores, fortalecimiento de cadenas productivas y programas de valor agregado. Para 2026, el sector espera no solo continuidad, sino una visión más integral que combine productividad, sustentabilidad y justicia social.

En suma, el gobierno de Alejandro Armenta transita por una etapa de ajustes y evaluaciones porque los cambios en el gabinete pueden ser una oportunidad para corregir el rumbo, siempre que vayan acompañados de transparencia, objetivos medibles y resultados verificables.

Y, finalmente el Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla (Sicom), estrenará varios programas de radio con una duración de 30 minutos cada uno, a partir de este lunes 2 de febrero, para dar a conocer el trabajo de las secretarías, entre las que destacan Desarrollo Rural, Turismo y Salud, utilizando como herramienta las ocho frecuencias moduladas que se tienen a nivel estatal.

Así que estar atentos, como pidió el gobernador, no es solo un llamado a la paciencia, sino a la vigilancia ciudadana.

El cargo Ajustes, señales y pendientes apareció primero en Reto Diario.

Ese es el caso de Karla González, presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF de San Martín Texmelucan, cuya labor ha dejado de ser una agenda institucional para convertirse en un acompañamiento real a los sectores más vulnerables.

Su trabajo coordinado con la señora Cecilia Arellano, presidenta del DIF estatal, le ha permitido que estos esfuerzos no queden en lo superficial, sino que se traduzcan en acciones visibles. Porque lograr tejer una red de apoyo que prioriza lo humano sobre lo político; no es fácil y no cualquiera lo logra.

Pero sería ingenuo ignorar el contexto y también hay que decirlo, en 2027 habrá elecciones intermedias y la región de Texmelucan observa con atención los perfiles que han construido presencia pública. En ese escenario, la figura de Karla González surge como una carta fuerte porque su presencia pública nace del servicio, no de la aspiración. Y esa es quizá la mayor virtud y a la vez su principal atractivo político.

Si llegara el momento de participar en una boleta electoral, se colocaría como una de las mejores representantes municipales del DIF en Puebla, porque la distingue su capacidad de conexión humana en comunidades reales, con problemáticas reales. Y en una región compleja como Texmelucan, esa cercanía pesa.

No sé si la política será su siguiente paso. Lo que sí sé es que ha demostrado que servir también puede ser una forma digna de hacer política, incluso antes de entrar en ella.

Por amor al campo… y a Puebla

En otro tema y ya entrada en el análisis al servicio público, pero desde otra trinchera que es la mediática, Sicom y el programa “Por Amor al Campo” representan hoy una plataforma valiosa para visibilizar que el campo poblano es el corazón económico y social del estado.

Regresar a la conducción de este espacio televisivo es para mí un placer. No solo porque es un espacio noble, sino porque su esencia está en reconocer la dignidad del agricultor, del productor, de quienes trabajan la tierra todos los días sin reflectores, pero que sostienen nuestra mesa, nuestra economía y parte de nuestra identidad.

“Por Amor al Campo” expone, informa, conecta y reconoce. Visibiliza esfuerzos, retos, historias y logros. Y lo hace a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que ha entendido que apoyar al productor no es un favor, sino una obligación del estado para fortalecer la cadena productiva, la autosuficiencia alimentaria y la economía rural.

Ser transmisora de mensajes así es un privilegio. Porque cuando la comunicación pública se usa para dignificar y cuando las instituciones se convierten en puentes reales entre el gobierno y la gente, algo está caminando bien.

Y cierro hilando ambas reflexiones, porque cuando se hace trabajo con sentido humano, la empatía pesa más que el ego y el servicio importa más que el reconocimiento.

El cargo La labor que podría abrir la puerta a la política apareció primero en Reto Diario.

Esta realidad obliga a mirar más allá de la euforia o la indignación inmediata, y preguntarnos, desde la frialdad del análisis, qué significa este hecho para Venezuela y para los venezolanos.

Durante más de una década, el régimen de Maduro gobernó un país sumido en la hiperinflación, el colapso, la persecución de opositores y un éxodo masivo. Para millones, su caída parecía una condición necesaria, aunque no suficiente, para recuperar la esperanza de un país funcional.

Bajo esa óptica, su captura podría interpretarse como un acto de justicia histórica y la posibilidad de que un gobernante señalado por graves delitos enfrente por fin un juicio real, fuera del control del aparato estatal que lo protegió.

Sin embargo, el modo en que esto ocurrió con la intervención militar de Estados Unidos quiebra el principio de soberanía nacional y sienta un precedente que incomoda incluso a gobiernos críticos del chavismo, porque la frontera entre legalidad, fuerza y poder se vuelve borrosa.

Para los ciudadanos venezolanos, los beneficios son claros, aunque inciertos. La ausencia de Maduro podría abrir el camino a una transición política, a elecciones más creíbles y a una eventual reconstrucción institucional. También podría reducir el margen de maniobra de las redes criminales incrustadas en el país. Pero nada de ello está garantizado.

Tras la caída de un liderazgo autoritario, el vacío de poder puede desencadenar pugnas internas, radicalización o incluso violencia. El país enfrenta ahora un periodo de alta volatilidad, donde la estabilidad dependerá de la capacidad de sus élites y de la comunidad internacional para evitar tentaciones de revancha o imposiciones externas.

Hay un riesgo de fondo y es que el futuro de Venezuela quede condicionado por los intereses estratégicos de Washington. Cuando una potencia militar captura a un jefe de Estado en funciones, el discurso de “restaurar la democracia” se mezcla inevitablemente con objetivos geopolíticos.

El peligro es que los venezolanos pasen de estar sometidos a un gobierno autoritario a vivir bajo una tutela internacional disfrazada de transición. Muchos celebran el fin de una era marcada por el abuso de poder, otros alertan sobre la amenaza que supone legitimar intervenciones militares “en nombre de la democracia”.

En medio de la tormenta, conviene recordar lo esencial: el centro de esta historia no son los gobiernos, sino las personas. Los millones de venezolanos que migraron, los que se quedaron a resistir, los que perdieron oportunidades, salud, ingresos y dignidad. Para ellos, la pregunta clave es si este hecho histórico traerá mejoras reales en su vida cotidiana o solo abrirá un nuevo capítulo de incertidumbre.

La detención de Nicolás Maduro no resuelve por sí sola la crisis venezolana. Es, en todo caso, un punto de quiebre, pero la historia aún no está escrita.

Interpretando un final feliz, me encantaría que esta vez termine del lado de los ciudadanos que por años imploraron auxilio; luego de lo que ocurrió este 3 de enero lo único tangible y real es que la detención de Maduro trajo a Venezuela ese respiro de paz y una sensación momentánea de libertad que esperamos todos, no mute a únicamente intereses económicos y políticos.

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El cargo El punto de quiebre entre la justicia y la intervención en Venezuela apareció primero en Reto Diario.

No se trata de un puesto decorativo, ni de una vitrina para posar en eventos oficiales; es, o debería ser, una trinchera incómoda frente al poder. Sin embargo, bajo la gestión de Isela Sánchez Soya, la CDH parece haberse reducido a una oficina silenciosa, más preocupada por la imagen que por la defensa real de los derechos humanos.

La reciente exhibición pública hecha por el rector de la Universidad Iberoamericana no fue un desliz menor ni un malentendido. Fue un señalamiento directo a una gestión ausente, incapaz de responder con argumentos y acciones concretas.

Que una institución académica tenga que evidenciar la falta de trabajo de un organismo autónomo habla, por sí solo, de un fracaso institucional.

Porque la CDH no está para tomarse fotos ni para desfilar atuendos y pestañas elegidas en actos protocolarios. Está para incomodar al poder, para investigar abusos, para emitir recomendaciones firmes, para acompañar a víctimas y para alzar la voz cuando el gobierno falla.

Mientras en Puebla se acumulan casos de abuso policial, negligencias médicas, violencia contra mujeres, migrantes invisibilizados y familias que buscan justicia, la CDH parece operar con un perfil que raya en lo irrelevante. Y cuando la defensa de los derechos humanos se vuelve irrelevante, lo que está en juego no es un cargo, sino la dignidad de las personas.

En otros temas…

Habrá fotomultas que entrarán en vigor en enero de 2026 para vehículos con placas foráneas y nuevos reductores de velocidad en la Vía Atlixcáyotl, implementados por la Secretaría de Movilidad y Transporte tras una serie de accidentes mortales en la Vía Atlixcayotl.

¿Sirven? Creería que parcialmente. ¿Son suficientes? Definitivamente no.

Penalizar y colocar reductores de velocidad después de que ya hubo muertos es reaccionar tarde. La seguridad vial se resuelve con planeación urbana, transporte público eficiente, señalización adecuada, control real de velocidades, alcoholímetros constantes y, sobre todo, educación vial, algo que a los poblanos nos cuesta mucho practicar.

No tenemos prevención de accidentes y Puebla es referente y resultado de una pésima educación vial, sigamos entonces contado muertos.

El cargo Derechos Humanos de adorno apareció primero en Reto Diario.

Mario Riestra, un activo político con aspiraciones y que ha demostrado su capacidad de organización interna, se asegura así el manejo de las palancas al menos en la capital, manteniendo sus fichas lista para sus propios proyectos futuros.

Pero en general, el PAN de Puebla se ha encapsulado en una dinámica donde el principal objetivo es mantener el poder dentro del círculo, en lugar de construir una alternativa creíble y opositora para la ciudadanía.

Sus miembros se han encargado de tener nula visibilidad opositora y han generado que únicamente se hable de sus intereses individuales. Lejos quedaron los días en que Acción Nacional era un partido de formación y de sociedad civil organizada. Porque el PAN en Puebla era de las mejores plazas nacionales, por sus posiciones clave.

Hoy, la militancia se concentra en arrebatarse el poder, dejando un vacío que el oficialismo de Morena y sus aliados ocupan con facilidad.

La reciente coyuntura electoral y partidista ha provocado la desaparición del grupo político que giraba en torno a Eduardo Rivera Pérez, uno de los panistas con mayor capital político en la historia reciente de Puebla. Y peor aún con los rumores sobre su posible salida al partido Movimiento Ciudadano que intensifican la sensación de que el grupo busca una nueva plataforma para subsistir.

Lo que viene para 2027…

Las elecciones intermedias de 2027 son el verdadero termómetro y el margen de maniobra del PAN en la zona conurbada es muy pequeño.

De entrada tienen el factor Morena que sigue fuerte, especialmente si logran consolidar las reformas que buscan unificar elecciones o si continúan con una alta movilización social. No se enfrentarán a un partido, sino a un movimiento que ya demostró su capacidad para arrasar en las urnas y que a diferencia de ellos, sigue trazando estrategias.

Si la nueva dirigencia municipal hoy a cargo de Gabriela Ruiz no cambia drásticamente la estrategia, no habrá tiempo para planear la oposición que la ciudadanía exige. Se necesitan propuestas audaces, liderazgos frescos y que no huelan a peste política.

Así que si el control interno es el único objetivo, el PAN en Puebla estará condenado a perder en 2027, porque si bien la nueva dirigencia panista tiene una base interna “asegurada”, carece de la narrativa fresca y convincente, abierta y necesaria para ganar no solo 2027, sino cualquier elección venidera.

El cargo La oposición que sigue siendo de papel apareció primero en Reto Diario.

La reciente reinauguración del Hospital San Alejandro es un ejemplo dolorosamente claro.

El hospital abrió sus puertas en silencio, pero no por humildad institucional. No. Abrió así porque no estaba listo, porque no tenía material propio, porque para hacerlo funcionar hubo que desmantelar otros nosocomios, como La Margarita o San José.

No hubo protocolos de comunicación hacia el personal médico. Para echar a andar sus primeros servicios, se recurrió a una práctica que en cualquier sistema digno sería impensable, desvestir a unos para medio vestir a otro.

No se trata de una estrategia de apoyo temporal, es la muestra más evidente de un organismo que funciona en modo “parche”, sin planeación real y con un déficit estructural que ya ni siquiera se oculta. Porque no hemos entendido que el dinero ya no le está alcanzando al gobierno. Ahora tienen “apoyos económicos”, pero a cambio sacrificaron un pilar muy importante en cualquier sociedad, la salud.

San Alejandro reabre con la expectativa de cubrir un volumen de atención que históricamente ha sido superior a sus capacidades. Y aun con su nueva infraestructura, la ecuación no cambia, la derechohabiencia sigue creciendo y el presupuesto, el personal y los insumos, no.

No basta con levantar un edificio moderno si el sistema que lo sostiene está corroído. La opacidad con la que comenzó a atender es un mensaje en sí mismo de lo que es.

Ninguna autoridad quiere exhibir un hospital que todavía no puede funcionar al 100%, pero sí quiere capitalizar políticamente su reapertura, porque, claro, eso representa votos y porque además se tardaron siete años en reconstruirlo.

Lo más irónico de todo es la narrativa triunfalista donde se habla de “puesta en marcha gradual”, “actividades iniciales” y “reincorporación de servicios”. Palabras bonitas para no admitir que no hay camas suficientes, no hay especialistas suficientes, no hay material suficiente y ni siquiera hay claridad en los protocolos. Reinaugurar así es como presumir un coche nuevo sin motor: funciona… pero empujándolo.

Reinaugurar San Alejandro debería ser una oportunidad para recomponer el rumbo, profesionalizar la logística hospitalaria y asumir que la salud pública no se salva con eventos mediáticos, ni con la presencia de la Claudia Sheinbaum, sino con presupuesto, personal suficiente, listas de espera claras y abastecimiento continuo.

En lugar de eso, lo que vimos fue el regreso precipitado de un hospital que, aun con todo su simbolismo, no será suficiente para atender a la población que depende de él.

Porque en México hemos normalizado la escasez al grado de celebrarla y por eso se aplaude un hospital que reabre “como se puede”, no porque esté listo, sino porque urge; se celebra que haya camillas aunque falten especialistas, o que haya quirófanos aunque no haya material para operarlos. Y siempre se pide paciencia al paciente, como si la salud pudiera esperar.

San Alejandro vuelve, ahora sí con fecha de inauguración para el 10 de diciembre. Pero mientras no se reconstruya también la planeación, la transparencia y la dignidad del sistema de salud, volverá con la misma fragilidad con la que se fue.

Y la derechohabiencia, una vez más, será quien pague la factura de un sector que sigue prometiendo futuro sin resolver el presente.

El cargo San Alejandro: el hospital nuevo con relleno viejo apareció primero en Reto Diario.

Los padres de Elianis, la joven cubana que perdió la vida durante el ataque registrado en el bar Lacoss de Puebla, podrían arribar a México entre martes y miércoles de esta semana, aunque aún no cuentan con la confirmación oficial de los horarios de sus vuelos.

Será hasta la noche de este lunes cuando ambos tengan certeza de su itinerario. Debido a que cada uno está costeando por su cuenta los gastos y el traslado desde Cuba, existe la posibilidad de que arriben en vuelos distintos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para posteriormente trasladarse a Puebla y realizar los trámites correspondientes para la entrega del cuerpo de su hija.

En conferencia de prensa este lunes, la fiscal de Puebla, Idamis Pastor, informó que la institución permanecerá atenta a su llegada y aseguró que la familia arribaría el martes a las 10:00 horas.

Sin embargo, la señora Saili, madre de Elianis, aclaró a A Tiempo noticias que su vuelo aún no ha sido confirmado y que será hasta esta noche cuando pueda conocer con exactitud el horario.

El caso de Elianis ha visibilizado nuevamente las dificultades de las familias migrantes para enfrentar procesos de identificación y repatriación, así como las implicaciones del ataque ocurrido en el bar Lacoss, que dejó varias víctimas y mantiene una investigación abierta por homicidio, involucrando hasta este momento a dos personas.

El cargo Padres de la joven Elianis llegarían esta semana a México apareció primero en Reto Diario.

El caso de Elianis, la joven cubana cuya madre, la señora Saili, no ha podido salir de la isla para identificarla, exhibe con crudeza un problema que suele quedar oculto entre carpetas de investigación y trámites forenses.

Este lunes, logré contactar a Saili, quien con un nudo en la garganta y voz entrecortada me contó su viacrucis para poder recuperar el cuerpo de su hija, quien llevaba más de dos años viviendo en Puebla, luego de dar a luz a un niño y dejarlo bajo su cuidado para llegar a México, específicamente a Puebla, a trabajar.

La imposibilidad de reconocer un cuerpo no solo prolonga el duelo, suspende toda posibilidad de justicia emocional. Para las autoridades, un cuerpo no identificado es un expediente que no avanza y para la familia, es un limbo desgarrador donde la muerte es probable, pero todavía no es real. Y en caso de serlo, es angustiante no tener los restos consigo.

Y cuando la identificación depende de que un familiar viaje miles de kilómetros, algo que para muchos es impensable por razones económicas, esa espera se vuelve inhumana.

En Cuba, el laberinto es aún más complejo. Aunque la salida no está prohibida, la entrada sí puede ser restringida, especialmente para quienes han tenido diferencias políticas o no cuentan con los permisos adecuados.

Para personas como la señora Saili, la idea de abandonar la isla no solo implica reunir recursos que no tiene, sino también la posibilidad de no poder volver a su hogar.

En la llamada telefónica que esta servidora sostuvo con Saili, enfatizó que está recolectando dinero a través de grupos de amigos de Elianis en Cuba, que en sus palabras era muy querida, para tratar de llegar a México a reconocer físicamente el cuerpo de su hija.

Asistió al consulado en La Habana y ahí logró conseguir un número telefónico de la Fiscalía en Puebla, al cual llamó para identificarse y solicitó una videollamada para ver los tatuajes de su hija y de esa manera corroborar, sin embargo, no le fue concedida la petición, ni tampoco los trámites para que alguien más pueda reconocer el cuerpo en su ausencia y lo peor es que ya ni las llamadas le toman.

Posterior a eso, Saili asegura que otro grupo de amigos de Elianis en Puebla, acudió a la Fiscalía para tratar de obtener información sobre su reconocimiento y en dado caso repatriación, y también les fue negada por no ser familiares directos, por lo que ahora se encuentra tramitando su visa para salir de Cuba sin contratiempos, algo que se torna muy complicado.

La burocracia de un país, combinada con la precariedad económica de otro, termina quebrando a familias que ya están rotas por la violencia y la desigualdad.

Tendría que ser una obligación moral y legal facilitar procesos extraordinarios cuando se trata de víctimas de homicidio. La cooperación internacional, la asistencia consular y la comunicación directa con las familias deberían ser automáticas en tragedias como la del Lacoss. Pero no lo son.

Por eso una madre, desde Cuba, sigue tratando de que alguien le responda el teléfono para saber si la joven que murió tan lejos es, en efecto, su hija, pero sobre todo, la certeza de que pronto tendrá sus restos con ella.

En un país donde la violencia es cotidiana, la dignidad no puede depender del pasaporte, del estatus migratorio ni del dinero en la bolsa. La identificación de un cuerpo es el último acto de humanidad que un país puede ofrecer a una víctima y a su familia. Negarlo por omisión, burocracia o desinterés es una segunda forma de violencia y es tan cruel como la primera.

El cargo Lacoss: entre la identificación del autor y la no identificación de Elianis apareció primero en Reto Diario.

Es un recordatorio brutal de las vidas invisibles que sostienen un país fracturado por la precariedad, la migración forzada y la ausencia de seguridad.

Entre esas vidas estaba la de Elianis, una joven cubana de apenas 20 años, madre de un niño de dos, que dejó a su pequeño en la provincia de Holguín, bajo el cuidado de su abuela, para venir a México a trabajar de noche, seguramente en la única opción que la pobreza le permitió.

Karen, como se hacía llamar en el ambiente, cruzó fronteras buscando sobrevivir. Porque dudo mucho que alguien sueñe con trabajar en un bar donde el riesgo es parte del uniforme. Nadie elige exponerse a la violencia desbordada que ya normalizamos; la que elige es la precariedad.

En Cuba, el lugar donde nació y creció, escasea desde la energía eléctrica hasta la señal telefónica. Ahí las oportunidades no existen, así como en México, la protección tampoco.

Su historia se conoció del peor modo posible. Su madre supo que su hija había muerto porque le mostraron una publicación en un grupo de Facebook de su comunidad y benditas redes sociales que logran la inmediatez que ninguna autoridad tiene, así fue como esta mamá recibió el golpe seco, digital y cruel, ese que nadie quiere recibir en la vida: la noticia de la muerte de un hijo.

Hasta este miércoles, la mamá de Elianis pudo acudir al consulado de México en La Habana para preguntar cómo viajar a Puebla a reconocer el cuerpo y repatriarlo. Un proceso tan doloroso como costoso y, en su caso, casi imposible.

Mientras tanto, aquí nos resulta sencillo juzgar a quienes se dedican al trabajo sexual o al ambiente nocturno. Señalamos, especulamos, moralizamos. Pero rara vez miramos las causas, la pobreza, la violencia, la migración sin red de apoyo, las deudas, la falta de educación, los países quebrados, las familias fracturadas, los gobiernos ausentes.

Rara vez nos preguntamos qué tan desesperada tiene que estar una joven de 20 años que ya carga con la responsabilidad de un hijo para venir sola a un país que no conoce, donde el crimen organizado lleva años ocupando los espacios que la autoridad abandonó.

Porque también es cierto, lo ocurrido en Lacoss no es un accidente, es resultado directo de un gobierno rebasado, de una estrategia de seguridad que no existe más allá del discurso, de un crimen organizado que se ha expandido al punto de decidir quién vive y quién muere.

Los bares, la vida nocturna, los giros negros y seminegros están bajo control de estructuras criminales que extorsionan, amenazan, cobran piso y disparan cuando alguien no paga, cuando alguien estorba o simplemente cuando quieren dejar un mensaje.

Y las vidas que se apagan en esos lugares casi nunca son las de los responsables, sino las de quienes menos opciones tenían, incluso desde antes de decidir dedicarse a eso.

La muerte de Elianis no debe ser leída como una nota roja más, sino como un espejo incómodo que nos muestra lo poco empáticos que somos y lo mucho que hemos normalizado el dolor ajeno.

Nos enseña que detrás de cada mujer juzgada por su oficio hay una historia de carencias, de decisiones obligadas, de sueños rotos y responsabilidades gigantes para una vida tan corta.

México le falló a Elianis como país receptor, como sociedad y como sistema. Y también le seguimos fallando cuando, en lugar de exigir justicia y seguridad, preferimos la crítica fácil antes que la empatía, porque aseguramos que “ella se lo buscó”, “ella decidió esa vida”, “prefirió el camino fácil”, etc.

Ojalá esta tragedia no se reduzca a otro número, a otro escándalo de la vida nocturna. Ojalá sirva, aunque sea tarde, para entender que cada mujer que trabaja en condiciones riesgosas no está eligiendo “ese camino”, está sobreviviento al único camino que le dejaron y que conoce.

Y que mientras la estrategia de seguridad siga siendo una promesa rota, seguiremos acumulando nombres en lugar de soluciones. Esta vez fue el de Elianis.

El cargo Normalizando el dolor ajeno: la tragedia del Lacoss apareció primero en Reto Diario.

Según reportes de prensa y cifras oficiales, entre las movilizaciones se registraron alrededor de 120 personas lesionadas (la mayoría, agentes policiacos) y entre 20 y 40 detenidos, aunque el número real nadie lo conoce.

Desde una perspectiva social, hay varios hilos que explican por qué esta convocatoria caló, o al menos logró visibilidad en la opinión pública.

En primer lugar, el detonante fue concreto y simbólico, el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, que funcionó como combustible emotivo contra la impunidad y la inseguridad. Ese suceso, sumado a años de desconfianza en las instituciones, creó las condiciones para que un discurso joven encontrara rápida adhesión.

Pero hablar de “Generación Z” como algo homogéneo sería un error porque a ella se sumaron jóvenes de distintas clases y generaciones, activistas veteranos, ciudadanos indignados y, también, sectores políticos o grupos que buscan capitalizar la visibilidad y que, nos guste o no, es obvio que se politizó.

Aunque también hay que reconocer que el movimiento mostró lo que ya sabíamos sobre las nuevas formas de movilización; organización rápida a través de redes y una tensión permanente entre protesta pacífica y bloqueos o actos de violencia realizados por minorías que terminan por monopolizar la narrativa mediática.

Varios gobiernos, por su parte, han tratado de desacreditar la movilización sugiriendo manipulación o infiltración por “bots” o grupos opositores, la hipótesis puede contener algo de verdad en algunos frentes, pero no explica la rabia real que empujó a miles a salir.

¿Significa esto un cambio político real?

He aquí la verdadera pregunta. Las movilizaciones masivas tienen al menos dos funciones: expresar un estado de ánimo colectivo y presionar para cambios concretos.

En la primera, la marcha de la llamada Generación Z sí es indicativa porque delimitó una frontera simbólica entre una ciudadanía harta y un gobierno percibido como incapaz de garantizar seguridad y justicia. En la segunda, su eficacia dependerá de la capacidad de esas protestas para traducirse en exigencias institucionales persistentes y no quedarse en un estallido momentáneo.

Y, lamentablemente, hasta ahora no hay señales de que la movilización haya conseguido pactos o compromisos que garanticen transformaciones profundas.

Sin embargo, sería injusto minimizar el aporte potencial de estas nuevas formas de lucha. La Generación Z ha demostrado que puede articular visibilidad masiva y que sabe usar medios (tradicionales y digitales) para imponer temas en la agenda pública.

La marcha de la Generación Z es un síntoma poderoso y verdadero de frustración democrática en México, no una mera moda. Pero el pronóstico sobre si producirá cambios depende de elegir la política del ruido (que consume titulares y se disuelve) o la política de la persistencia (organización, estrategia y exigencia institucional).

Los jóvenes y no tan jóvenes salieron a la calle y ahora sería bueno tomar esto como herramienta duradera de un cambio real y que no permita que los heridos y detenidos sean simplemente la cifra que cierre la nota o la columna.

El cargo ¿Verdadera protesta o espectáculo? apareció primero en Reto Diario.

Tres policías emboscados y ejecutados en San Salvador Huixcolotla son el último mensaje de miedo en una escalada que se ha vuelto sistemática con los grupos criminales que no solo disputan territorio, sino que ya desafían abiertamente al gobierno.

El ataque no fue un hecho fortuito ni aislado. Los tres agentes recibieron más de 150 disparos. Ninguna célula improvisada tiene ese poder de fuego. El video que circuló en redes sociales no fue solo para transmitir la manera, sino también el mensaje entre líneas que dice “aquí mando yo”.

Y aunque oficialmente no se atribuye a un grupo en particular, el nombre de La Barredora vuelve a aparecer en el mapa de la violencia poblana. Este grupo, que opera con brutalidad y símbolos propios de las mafias consolidadas, ha extendido su radio de acción por municipios como Tecamachalco, Amozoc, Huejotzingo y Texmelucan, que de por sí ya tenían sembrados cuerpos y miedo.

La emboscada en Huixcolotla no solo mató a tres policías. Destruyó también lo poco que quedaba de confianza en la seguridad municipal. Tras el ataque, varios elementos renunciaron por miedo, porque portar un uniforme policial equivale a tener una sentencia anticipada si se vive en un municipio donde el crimen manda.

Ahora, el Congreso del estado pretende reformar la Ley de Seguridad Pública para crear un mecanismo de protección a funcionarios amenazados o en riesgo. En el papel suena bien. Nadie debería ser asesinado por ejercer un cargo público. Pero la pregunta es ¿servirá proteger a los funcionarios?

Las reformas legales pueden blindar políticamente a las autoridades, pero no sustituyen la ausencia de fuerza institucional. De poco servirá asignar escoltas, chalecos antibalas o botones de pánico si los grupos criminales operan con impunidad, si los mandos municipales carecen de inteligencia, armamento y coordinación, y si están incluso infiltrados o debilitados por la corrupción.

La protección a funcionarios es necesaria, pero no suficiente. Puede salvar vidas individuales, sí, pero no cambia el entorno. Es como ponerle cerrojos a una casa cuyas paredes ya están derrumbadas.

La iniciativa legislativa es un paso, pero el verdadero reto está en reconstruir la seguridad pública, esa que según está para proteger. Eso implica dignificar a las policías, fortalecer la coordinación con la Federación, limpiar las corporaciones infiltradas y devolverle al ciudadano la sensación de protección, algo que hoy es inexistente.

El cargo El mensaje del miedo apareció primero en Reto Diario.

Hoy, la inhabilitación por 20 años y la multa de 362 millones 997 mil 678 pesos impuesta a María Teresa Castro Corro, exsecretaria de Planeación y Finanzas, destapa un capítulo que el gobierno del difunto Luis Miguel Barbosa Huerta intentó mantener bajo llave: el caso Banco Accendo.

Más de 600 millones de pesos del erario poblano fueron depositados en un banco que ya agonizaba. Un banco que la propia autoridad financiera federal había colocado en la lista de instituciones con riesgo operativo.

Aun así, desde la Secretaría de Planeación y Finanzas se decidió transferir los recursos públicos de los poblanos como si se tratara de un acto de fe o, peor aún, como si existiera la certeza de que ese dinero no debía regresar, ¡vaya! Como si nos sobrara el dinero y de tanto que había, pues decidieron “invertirlo”.

Durante el gobierno de Barbosa, todo giraba en torno al control político, absolutamente todo, incluidos los medios de comunicación, muchos de los cuales eran aplaudidores y que en su momento hicieron como que la virgen les hablaba cuando recién se dio a conocer este caso, pero que hoy ya critican y cínicamente hasta analizan.

Las decisiones se tomaban en un círculo cerrado, sin contrapesos, sin transparencia y sin explicaciones. María Teresa Castro Corro era una pieza leal de ese tablero: una funcionaria discreta, eficiente en la forma, pero obediente en el fondo. Su papel no era cuestionar, sino ejecutar. Y hoy, ese silencio administrativo la tiene en el centro de un escándalo de daño patrimonial que mancha la memoria de una administración que se decía incorruptible.

La Fiscalía General del Estado ya advirtió que hay más involucrados. Y es lógico: nadie mueve 600 millones de pesos de recursos públicos a un banco moribundo sin que varias manos firmen, autoricen y miren hacia otro lado. Esto no fue una omisión técnica, fue una cadena de decisiones donde la negligencia se confunde con la complicidad.

El barbosismo se jactó de haber limpiado la casa del morenovallismo, pero terminó cayendo en los mismos vicios: discrecionalidad, opacidad y arrogancia. El caso Accendo es la prueba de que la ética pública no se decreta, se ejerce. Y en ese gobierno, la ética fue sustituida por la obediencia ciega.

Hoy, el mensaje es claro: la austeridad sin transparencia es solo propaganda. De nada sirve presumir orden en las finanzas si el dinero público acaba enterrado en un banco quebrado. De nada sirve hablar de justicia social cuando las decisiones financieras se toman con el mismo patrón de impunidad que se juró desterrar.

El expediente de Accendo no solo exhibe a una exfuncionaria. Exhibe a todo un modelo de poder que usó la confianza ciudadana como moneda de cambio. Porque, al final, el verdadero daño no es solo de 600 millones de pesos, el verdadero daño es la pérdida de credibilidad de un gobierno que se autoproclamó distinto, pero resultó más de lo mismo.

En plena temporada de muertos, el fantasma de Accendo sigue rondando en Casa Aguayo. Y mientras la justicia hace su parte, si es que la hace, el mensaje político ya está escrito: la opacidad tiene precio y tarde o temprano les llegará la factura.

El cargo Banco Accendo, uno de los hoyos financieros del Barbosismo apareció primero en Reto Diario.

Uno de esos gestos ocurrió este domingo 26 de octubre en el Salón Country Club, donde el empresario Julián Ventosa Tanús, al frente de Grupo JV, organizó un Baile con Causa que reunió a más de diez agrupaciones musicales y a miles de personas movidas no solo por el ritmo, sino por la solidaridad.

Bajo la consigna de apoyar a las familias afectadas por los deslaves e inundaciones en municipios como Xicotepec, Huauchinango, Tlacuilotepec, Naupan y Tetela de Ocampo, el evento logró lo que pocos consiguen: convertir el entretenimiento en una herramienta de ayuda directa.

No fue un baile cualquiera, fue una muestra de que la diversión también puede tener propósito social.
Grupos como Los Askis, Los Chicos Aventura, Blanco y Negro, entre otros, aportaron su talento y su tiempo para un evento que, más allá del espectáculo, puso sobre la mesa la urgencia de mantener viva la empatía frente a las tragedias naturales.

En comunidades donde las lluvias recientes dejaron hogares destruidos, caminos intransitables y familias vulnerables, cada insumo recolectado significa esperanza.

Vale reconocer, además, el papel de las autoridades estatales y municipales que facilitaron la seguridad y la logística del encuentro. Desde el gobernador, Alejandro Armenta Mier; el alcalde de Puebla, José Chedraui Budib, y al coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra.

Este solo es un ejemplo de que la coordinación entre sociedad civil, empresarios y gobierno es vital. Sin ese acompañamiento, la generosidad muchas veces se topa con trabas burocráticas que frenan las buenas intenciones.

El mérito de Julián Ventosa Tanús y su equipo no está solo en la organización impecable, sino en haber entendido que la solidaridad puede tener ritmo. Iniciativas así demuestran que la sociedad civil sigue siendo el músculo más fuerte frente a la adversidad: el que no espera a que el Estado llegue, sino que se organiza, se moviliza y actúa.

Ojalá este Baile con Causa no sea un hecho aislado, sino el inicio de una cadena de eventos donde la cultura popular sirva de puente entre quienes pueden aportar y quienes más lo necesitan. Porque, al final, la solidaridad también se celebra, y el sonido de esa fiesta es, sin duda, la mejor melodía de Puebla.

El cargo Solidaridad que suena y baila: el ejemplo de Grupo JV apareció primero en Reto Diario.

En días recientes, un grupo de mujeres “periodistas” en Puebla calificó con un “10” al alcalde José Chedraui Budib, “por guapo”, dejando de lado cualquier referencia a su desempeño al frente del gobierno municipal; no hablaron de obra pública, de seguridad, de transparencia ni de resultados. Lo redujeron todo a una opinión estética.

El comentario, aparentemente inocente, abre un debate serio sobre el papel de las mujeres en el ejercicio periodístico y, más aún, sobre el peso de la imagen masculina en la política actual.

El problema surge cuando la apariencia física se convierte en argumento de legitimidad pública, desplazando el análisis, los resultados y la rendición de cuentas. En una sociedad donde las mujeres hemos tenido que luchar por ser tomadas en serio, especialmente en profesiones históricamente dominadas por hombres como el periodismo, declaraciones así terminan en un desprestigio colectivo.

El fenómeno no es nuevo porque la política, a nivel mundial, ha utilizado la estética como herramienta de seducción electoral. Sin embargo, que sean mujeres periodistas quienes reproduzcan ese sesgo estético sobre un funcionario en turno, sin contexto ni análisis, resulta doblemente preocupante.

Los hombres han sido históricamente criticados por calificar a las mujeres por su físico, ¿por qué entonces ahora las mujeres hacen lo mismo? No hay equidad cuando se replica el mismo estereotipo con distinto género y es ahí donde muchas mujeres nos unimos en la frase “ellas no me representan”.

La ética periodística exige distancia, rigor y contexto. Una periodista mujer, en cualquier parte del país, tiene la responsabilidad de mantener su juicio crítico por encima de las simpatías personales. No se trata de ocultar opiniones, sino de fundamentarlas.

Porque hace falta recordar que la belleza no construye calles, no mejora hospitales, ni hace más seguras las ciudades. La guapura no paga impuestos ni rinde cuentas.

Cuando una comunicadora elogia la apariencia de un servidor público como si fuera un mérito político, desdibuja los límites entre el análisis profesional y de paso perjudican a otras mujeres periodistas que diariamente luchan por abrirse paso demostrando el doble para ser tomadas en serio en espacios que encabezan hombres y que ellas mismas demeritan con cuestionamientos como “por qué está ella ahí y yo no”, así que generalizar sería injusto.

Las mujeres han sido históricamente juzgadas por su físico; replicar esa misma mirada hacia los hombres en el poder no es un acto de igualdad, sino de regresión.

Luego del desafortunado comentario de este grupo de mujeres, vino la búsqueda de la reivindicación, a través de otro periodista para que eliminara el contenido que ya era viral en las plataformas digitales, desafortunadamente para ellas, obteniendo un NO como respuesta.

Así que el reto está en recuperar el sentido del análisis, el respeto por la profesión y la conciencia de que cada palabra en medios, especialmente cuando proviene de una periodista, tiene un peso político y social. La credibilidad se construye con criterio, no con piropos.

El cargo El “periodismo” coqueto y aplaudidor del poder apareció primero en Reto Diario.

En ese contexto, la visita de este domingo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Huauchinango, el regaño público al alcalde Rogelio López Angulo y su coordinación con el gobernador Alejandro Armenta Mier ofrecen material no solo para el análisis político, sino para preguntarnos qué entendemos por responsabilidad gubernamental.

Al mismo tiempo, la decisión de mantener clases en línea en 19 municipios para 159 mil 240 alumnos de educación básica, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y en cinco campus de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), siendo los más afectados los de Huauchinango, Tetela de Ocampo y Venustiano Carranza, nos confronta a los desafíos del modelo educativo en territorios con desigualdad y, peor aún, ante desastres naturales.

La visita presidencial: entre la expectativa y la exigencia

La llegada de la presidenta del país a las zonas de la catástrofe no es, por sí misma, mérito extraordinario, es obligación institucional. Pero esa presencia pública tiene el poder simbólico de reafirmar o erosionar la credibilidad del gobierno, según cómo se ejerza.

En Huauchinango, Sheinbaum Pardo escuchó el reclamo ciudadano de habitantes que manifestaron insatisfacción con la respuesta local y con la insuficiencia de apoyos.

En ese escenario, hizo algo que pocos mandatarios se atreven (o se permiten) hacer en público, darle “el coscorrón” al alcalde, Rogelio López Angulo, frente a sus habitantes, que son finalmente los que están sufriendo las consecuencias de la tormenta, por lo que la presidenta cuestionó la capacidad de acción municipal, la falta de resultados inmediatos y la indiferencia.

Esta postura puede interpretarse de dos maneras, como un ejercicio saludable de política o como una puesta en escena teatral para quedar bien ante los afectados.

Pero dándole el beneficio de la duda al ejercicio del poder, siempre con vigilancia crítica, esperamos todos que esa reprimenda no sea solo para la foto y la viralidad de las redes, sino para desencadenar acciones reales.

En paralelo, la coordinación con el gobernador Alejandro Armenta es significativa, porque es evidente la buena relación que tiene con el Gobierno federal. Esta alianza, sin duda, habilita recursos, articulaciones y apoyos directos, más allá de intereses partidistas, en este caso, de intereses de la ciudadanía.

Así que con la visita de la titular del Ejecutivo nacional la lección es clara: cuando una crisis se agrava, el poder no puede limitarse a mandar ayuda desde lejos.

Tienen que pisar la tierra, poner responsabilidad sobre los presidentes municipales, que son los más cercanos al problema, y hacer que los recursos lleguen sin intermediarios oscuros. Si el regaño al alcalde sirve para algo más que la escena pública y si despierta una reacción institucional, entonces habrá valido la pena la visita.

Clases en línea en la Sierra Norte: urgencia, desigualdad y el derecho a la educación

Mientras las autoridades intentan contener el desastre, la educación no puede detenerse completamente. En ese contexto, la SEP y la BUAP han optado por clases virtuales en sus campus del Complejo Regional Norte, siendo los más afectados Huauchinango, Tetela de Ocampo y Venustiano Carranza, esto para dar continuidad académica.

Sin embargo, la decisión en este momento de emergencia pone en análisis las condiciones de los estudiantes, en el caso de la Benemérita, de once programas de licenciatura y tres de bachilletato en un total de cinco sedes (Chignahuapan, Huauchinango, Tetela de Ocampo, Venustiano Carranza y Zacatlán), porque ¿cuántos estudiantes tienen conectividad estable, dispositivos adecuados o espacios tranquilos para estudiar?

La Sierra Norte enfrenta rezagos de infraestructura telefónica, de Internet, de electricidad intermitente, condiciones que no se resuelven con buena voluntad ni con plataformas bien diseñadas. Aunque hay que resaltar que las autoridades académicas están monitoreando las clases y atendiendo la problemática en este momento con lo que tienen.

Así que la desgracia debería dejar algo positivo, como la habilitación de centros comunitarios con señal satelital, puntos de acceso seguros, es decir, convertir la crisis en oportunidad de avanzar en modelos de educación que resistan contingencias, que cierren brechas digitales y que se inserten en la realidad rural como una palanca de desarrollo.

La tormenta Jerry ha sido una prueba de estrés para los gobiernos federal, estatal y municipal, así como para las instituciones educativas. No hay margen para ensayos fallidos ni para discursos que no sustenten acciones reales.

Por lo que después de la visita de Claudia Sheinbaum y Alejandro Armenta a las zonas devastadas por las inundaciones, la sociedad tiene derecho a resolver sus dudas: ¿cuántas viviendas serán rehabilitadas?, ¿qué rutas se abrirán?, ¿cuándo llegan los apoyos?, porque la escena pública del regaño debe complementarse con fortalecimiento real.

Ya que de nada sirven los regaños si los recursos siguen atorados, las carreteras bloqueadas y las familias sin techo. Así que si este episodio sirve para que Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí piensen desde abajo cómo articular poder, apoyo y gobernanza en territorios vulnerables, habremos vivido una crisis con al menos un aprendizaje útil.

Pero si termina siendo una anécdota más en el ciclo de tragedias mal atendidas, será otro episodio del desencanto colectivo…

El cargo El verdadero ejercicio del poder: reflexiones sobre la visita de Sheinbaum y Armenta a los damnificados apareció primero en Reto Diario.