El Gobierno de Estados Unidos impuso este martes nuevas sanciones a Irán, específicamente a veinte entidades que supuestamente están vinculadas y financian a la fuerza paramilitar iraní Basij.
Los castigos fueron establecidos por el Departamento del Tesoro a instituciones de inversión de distintos ámbitos que, según Estados Unidos, contribuyen al apoyo económico de la fuerza paramilitar Voluntarios Islámicos Iraníes (Basij), que Washington vincula con el cuerpo de los Guardianes de la Revolución.
Todas estas entidades están ubicadas en territorio iraní y se encuentran bajo el paraguas de la Fundación Cooperativa Basij, que emplea “empresas fantasmas” para ocultar sus fines, informaron en una rueda de prensa telefónica funcionarios estadounidenses.
Esas compañías tienen “importantes negocios en Oriente Medio y con Europa”, y abarcan sectores como el motor o la minería en Irán, señalaron los funcionarios.
El objetivo oficial de las medidas anunciadas es limitar la asistencia económica a Basij a través de una industria multidisciplinaria de “miles de millones de dólares”, de acuerdo con la aproximación de las autoridades de Estados Unidos.
Las sanciones contemplan el bloqueo de cualquier activo que tengan esas entidades en suelo estadounidense y la prohibición de transacciones con empresas o personas en Estados Unidos. Por lo mismo, afectarían a cualquier banco estadounidense que trate de hacer negocios con las instituciones iraníes.
La Basij, de acuerdo a EE.UU., “tiene ramas en cada ciudad de Irán”, donde cometen “serios abusos de derechos humanos” y reclutan a soldados para combatir en distintos conflictos en la región, entre ellos Siria.
“Están involucrados en el reclutamiento de niños soldados, los más jóvenes de doce años de edad. Los envían a Siria para luchar. También reclutan inmigrantes afganos, incluso niños, para que formen parte de sus milicias. Algunos de estos niños han luchado y muerto en Siria”, aseguró uno de los funcionarios.
El presidente estadounidense, Donald Trump, decidió en mayo retirar unilateralmente a su país del acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Irán y seis grandes potencias y volver a imponer sanciones a Teherán.
En noviembre entra en vigor la segunda ronda de estas medidas, que afecta a las transacciones con el Banco Central de Irán y al sector petrolero, vital para la economía del país.
