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Seguridad Nacional

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A marchas forzadas y bajo duros cuestionamientos de partidos políticos, grupos civiles, e incluso de organismos internacionales, finalmente fue aprobada la Ley de Seguridad Interior.

Su inexplicable postergación no hizo más que radicalizar las diferentes posturas respecto al tema, ante la incidencia casi incontrolable de hechos delictivos que afecta cada vez más a la sociedad.

El espíritu de la nueva ley es definir la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y establecer con claridad ante qué tipo de situaciones y bajo qué criterios podrán intervenir.

Ello significa que militares y marinos, tan recurridos para el combate a la delincuencia organizada, habían estado actuando desde hace al menos 11 años en ausencia de un marco normativo que le diera sustento.

Eso ocurrió cuando Felipe Calderón le declaró “la guerra” a las bandas que se habían posesionado de varias regiones del país, especialmente en Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua y Guerrero.

Entonces las policías municipales habían sido rebasadas por su incapacidad operativa, y lo que es peor, con frecuencia también carcomidas por la corrupción.

En ese marco de impunidad y colusión, ante el riesgo de fracturar la seguridad nacional, las fuerzas armadas salieron a las calles.

Su acción supletoria provocó enfrentamientos sanguinarios.

La cifra de muertos rebasó lo concebible.

En esa refriega, tenía que ser, soldados y marinos llegaron a cometer abusos. No estaban entrenados para hacer funciones policiacas. Se pusieron en riesgo los principios universales de los derechos humanos.

Ningún exceso cometido es justificable, pero los casos fueron la excepción. El balance de la intervención castrense es definitivamente favorable.

De ahí surgió la necesidad de un marco normativo, reclamado por los propios mandos militares, que también plantearon la necesidad de urgente reestructura de los cuerpos policiales de todo el país, propósitos ambos incumplidos con tremenda displicencia.

Ahora que por fin se decide dar cauce a la ley para regular su intervención, se alzan las voces acusando una presunta intención de “militarizar” al país.

Quienes se pronuncian por el regreso inmediato de los militares a sus cuarteles parecen desatender el alto riesgo que ello implicaría.

Actualmente ninguna corporación policiaca del país es suficiente para enfrentar a los grupos delincuenciales de alta envergadura.

Esa postura no tiene justificación.

Y es que le ley aprobada refiere con claridad una eventual intervención militar, “cuando alguna de las amenazas a la seguridad interior comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla y cuando haya amenazas originadas por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la seguridad nacional”.

Señala también que la intervención de las en estados y municipios tendrá una temporalidad de un año, y podrá prorrogarse por decisión del Presidente si persiste la amenaza a la seguridad interior.

Es cierto que prevé la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos de sus elementos para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución, pero precisa que los actos realizados durante las intervenciones se deberá “preservar, en todo momento y sin excepción los derechos humanos y sus garantías”.

Refiere igualmente que cuando las Fuerzas Armadas realicen Acciones de Seguridad Interior y se percaten de la comisión de un delito, lo harán del inmediato conocimiento del Ministerio Público o de la policía por el medio más expedito para que intervengan en el ámbito de sus atribuciones, limitándose a preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de dichas autoridades.

Y especifica, entre otros aspectos relevantes, que las fuerzas federales y las armadas, “desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias, por medio de cualquier método lícito de recolección de información”.

¿Apoyar a las entidades federativas, como ocurre de manera eficiente y coordinada en Puebla, atenta los derechos humanos?

¿Eso significa “militarizar al país?

Más allá de intereses mezquinos o fines electoreros, lo que debe preservarse es la seguridad nacional.

Y ese objetivo no sería viable, al menos por ahora, sin la intervención valiente, decidida y digna de nuestras Fuerzas Armadas.

1..ciudadanos y ONG bajo la acusación de permitir una “militarización”.

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